Más de 200 organizaciones rechazan “actos de intimidación” contra la jueza Erika Rodríguez en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- La Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation) y más de 200 organizaciones y personas defensoras de derechos humanos rechazaron lo que llamaron “actos de intimidación” del gobernador Alejandro Murat Hinojosa contra la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez.

Esta intimidación, dijeron, se expresa a través de denuncias penales que buscan detener la lucha de la jueza por la paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, luego de que dos hombres fueran designados directamente por el gobernador como magistrados.

Estos hechos, consideró la fundación, son una violación a la independencia del Poder Judicial del Estado, por lo que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso de la jueza Erika Rodríguez, para proteger los derechos de las mujeres y la independencia judicial.

Due Process of Law Foundation explicó que la jueza ha emprendido una lucha por la paridad de género y la independencia judicial en Oaxaca y en todo México; sin embargo, ello ha motivado que desde el Poder Ejecutivo estatal se haya iniciado una campaña de intimidación y criminalización en su contra.

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La organización recordó que en mayo de 2021 se publicó una convocatoria para ocupar dos vacantes de magistrado y/o magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Después de concluidas las etapas iniciales del proceso de selección, que incorporaron medidas para promover la paridad de género, la jueza Erika Rodríguez fue seleccionada por sus méritos.

Pero diversas irregularidades incurridas en el órgano legislativo colocaron la decisión final en manos del gobernador del estado, quien designó para estos cargos a dos hombres, ignorando las medidas afirmativas de la paridad de género y afectando la independencia judicial. 

Ante esta situación, la jueza promovió un amparo en contra de las designaciones y de las actuales normas constitucionales locales para la selección de los magistrados y magistradas del Poder Judicial.

Alejandro Murat designó a su asesor Moisés Molina Reyes, quien tiene una denuncia por la violación sexual de una joven y carece de carrera judicial, además de que nunca ha litigado como abogado, y a Abraham Isaac Soriano Reyes, quien está tiene un impedimento constitucional para ser designado magistrado, al haber sido Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca.

Ante la gravedad de los hechos, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, hizo un llamado a México para que se respeten los derechos de la jueza Erika Rodríguez.

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Señaló que “preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Erika Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado”.

Posteriormente el Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca inició una investigación en contra de la jueza, “en un claro intento de inhibir su lucha, alegando la causa de un perjuicio”, aseguró la fundación.

En una reciente entrevista con EL UNIVERSAL, Rodríguez Rodríguez aseguró que este tipo de acciones pueden ser leídas como un mensaje “autoritario”, ya que darían a entender que no es posible ir en contras de las decisiones del gobernador.

“Es  bastante grave esta manera de intimidación, de persecución política que se está haciendo en contra de alguien que sólo está tratando de ejercer un derecho. Si no tengo el derecho, que me lo digan los tribunales”, expresó Erika Rodríguez.

“La investigación en su contra se sustenta en supuestos delitos contra la Ley de Amparo, dado que no habría mencionado su participación en una anterior convocatoria exclusiva para mujeres, en la que no alegó haber sido afectada (pese a que tampoco fue seleccionada)”, sostiene la Fundación para el Debido Proceso.

“Expresamos nuestra auténtica preocupación por el uso del derecho penal para perseguir a una jueza que defiende legitimamente sus derechos y lucha para lograr la representación paritaria en el sistema de justicia de Oaxaca”.

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Due Process of Law Foundation sostiene que el uso de procedimientos penales “espurios” contra operadores de justicia vulnera la garantía frente a presiones externas que se deriva del principio de independencia judicial, y se encuentra prohibido por el derecho internacional.

“Claramente la lucha de la jueza Erika Rodríguez ha tocado intereses del titular del Poder Ejecutivo local (Alejandro Murat), quien de manera arbitraria designó a personas que no eran las más calificadas para ocupar altos cargos en el Poder Judicial de Oaxaca”.

Finalmente dijo que en Oaxaca y en todo México se necesitan tribunales realmente independientes, en los cuales se garantice la representación paritaria de las mujeres, y la independencia judicial respecto de los poderes legislativo y judicial.