Política | 16-08-23 | 00:08 | Actualizada | 13-04-25 | 18:35 |
Oaxaca de Juárez.— La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó reformas a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca en las que faculta a los organismos descentralizados también puedan tener como objetivo la obtención de cualquier información para prevenir conductas relativas al lavado de activos.

Así como la administración, enajenación y en general dar destino a los bienes que le sean transferidos; y aquellos que tengan como fin, tutelar, proteger y garantizar un interés general.

Esta reforma es el preámbulo para la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial o Financiera que ha anunciado el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (Morena), con el fin de “devolver el pueblo lo robado” e investigar probables casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; el nacimiento de dicha unidad aún se encuentra en estudio.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Alfonso Silva Romo (Morena), aclaró que en esta reformas aún no se crea la unidad, sino que únicamente se otorgan las facultades a los servidores públicos pertinentes para que puedan solicitar información patrimonial o que pudiera significar un esbozo de enriquecimiento ilícito a favor de algún servidor público o que haya sido funcionario.

Los legisladores oaxaqueños también reformaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca con la derogación de la fracción LVIII que facultaba a la Secretaría de Finanzas para que ésta pudiera recabar procesar y diseminar toda la información pertinente para prevenir conductas relativas al lavado de activos, incluidas las relacionadas a las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, del registro vehicular y la que “resulte necesaria para la prevención de conductas relativas al lavado de activos”.

Estas reformas son a partir de una iniciativa enviada por el gobernador Salomón Jara en la que argumenta que es necesario crear entidades especializadas en la prevención de delitos en materia del lavado de activos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y que estas nuevas entidades especializadas se puedan encargar de la administración y destino de los bienes que llegaran a recibir en el ejercicio de sus atribuciones y en “aquellos casos en que tales organismos tengan como fin tutelar, proteger y garantizar el interés general”.

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