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Sin embargo, en una manifestación con esta misma exigencia el domingo pasado, la defensa de los imputados informó que desde el año 2015 se determinó que no existen datos de prueba que lleven a la probable responsabilidad de todas las personas que se encuentran acusadas en el expediente 02/2015 por el caso.
Los hechos de este caso sucedieron el 14 de diciembre de 2014, en una asamblea comunitaria donde se presentó un ataque, del cual fue asesinado el hermano de la diputada Elisa Zepeda, Manuel; mientras que su madre resultó herida y su casa incendiada, detalló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces.
En tanto, este jueves, en su manifestación desde el zócalo de la ciudad de Oaxaca, pobladores de la comunidad de Eloxochitlán, donde ocurrió el asesinato, señalaron que el hermano de la legisladora sacó un arma de fuego en la asamblea. Por su parte, la legisladora ha argumentado que su familia fue amedrentada por "meterse en asuntos del pueblo".
Desde 2015, expusieron quienes reclaman la inocencia de los implicados, la sala Regional Xalapa emitió 18 resoluciones a favor de ellos, sin embargo, afirmaron que el Poder Judicial del estado los ha omitido.
“Queremos denunciar y hacer público que el 23 de marzo, en una audiencia a la que tienen derecho los acusados, se hicieron presentes los agentes estatales de investigación, así como la legisladora Elisa Zepeda Lagunas, con la finalidad de intimidar y provocarnos”, relataron.
Este jueves señalaron que luego de la protesta en el zócalo de la ciudad se trasladarían a las oficinas del Poder Judicial, y pedirán una intermediación con el fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo, quien afirmaron que tiene conocimiento del caso, desde que era titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
“Venimos a exigir al Tribunal Superior de Justicia que nos diga cuándo van a celebrar la audiencia de apelación de nuestros compañeros, quienes tienen más de tres años presos sin que se demuestre su vinculación con delitos”, expresaron.
Asimismo, amagaron con mantener sus acciones de protesta hasta tener una respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
