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Foto: Archivo El Universal
Oaxaca de Juárez.- La violencia política que se ha hecho presente en este proceso electoral y que mantiene a Oaxaca como una de las entidades consideradas como foco rojo por la Federación, también se ha manifestado en una oleada de denuncias de delitos electorales, pero sobre todo, en el número de candidatos a puestos de elección popular que reciben seguridad en el estado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), hasta el pasado 24 de mayo sumaban 20 los candidatos que recibían protección en la entidad para poder realizar sus actividades proselitistas.
Se trata de medidas de protección dictadas a favor de los aspirantes con motivo del proceso electoral, y todas solicitadas con el respaldo de carpetas de investigación por presuntas agresiones en su contra.
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Lo anterior dado que Oaxaca se ubica como la segunda entidad por el número de agresiones en contra de candidatos, con 54 casos registrados hasta el pasado 21 de mayo, de acuerdo con el Índice de Violencia Política que realiza Etellekt, una consultoría especializada en riesgos y análisis.
A esa cifra debe agregarse ataques como del que fue víctima Vilma Martínez, presidenta municipal con licencia de Santo Domingo Tehuantepec y candidata de Morena a la reelección, quien el pasado domingo 23 de mayo fue retenida por más de 30 horas por pobladores de agencias del municipio que gobierna, inconformes por la falta de obras y porque incumplió con promesas que les hizo en su campaña anterior.
Violencia de género, al alza
En los seis meses que han pasado desde el primero de diciembre pasado hasta el 24 de mayo, el proceso electoral en Oaxaca ha dejado como saldo la apertura de un total de 112 carpetas de investigación.
Según datos de la FGEO, estas carpetas se inician cuando existe la denuncia de un presunto delito electoral y las cifras muestran que la violencia política contra las mujeres en razón de género es el motivo más común, pues hasta el 24 de mayo sumaban 65 las investigaciones abiertas al respecto.
De ese total, 18 corresponden a presuntos delitos de violencia política de género cometidos en contra de candidatas a diputadas locales o presidentas municipales, mientras que seis son denuncias interpuestas por mujeres que aspiraban a conseguir un registro como candidatas, por lo que ahora se les considera sólo ciudadanas.
Las otras 41 carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía Especializada se iniciaron tras denuncias de presidentas municipales, síndicas, regidoras y secretarias municipales, es decir, de funcionarias públicas que denunciaron haber sido violentadas mientras estaban en el ejercicio de su cargo.
El resto de denuncias por delitos electorales, explica la información proporcionada por la fiscalía a EL UNIVERSAL, corresponde a otros delitos, principalmente compra y coacción del voto; uso de programas sociales; funcionarios que apoyan a candidatos en horario laboral; robo y destrucción de propaganda, amenazas e incluso robo de casa de campaña.
Crimen organizado
Para Rubén Salazar, director de la consultoría Etellekt, estas cifras no son ninguna sorpresa, pues de acuerdo con el monitoreo realizado de las 54 agresiones que Oaxaca acumulaba hasta el 21 de mayo, al menos 20 correspondían a denuncias públicas hechas por candidatos, quienes aseguraban haber recibido amenazas de muerte.
Además, el especialista asegura que sólo de abril a mayo se dispararon los números de ataques a candidatos en todo el territorio nacional, pues la cifra de agresiones pasó de 476 hechos delictivos, hasta el 30 de abril, a 724 hechos delictivos en contra actores políticos, de los cuales 450 se dirigieron específicamente contra candidatos.
“Se ha incrementado mucho, con una intimidación política, en eventos proselitistas perpetrados presuntamente por grupos opositores, ya no sólo en zonas rurales, sino urbanas”.
Etellekt no es la única consultoría que coloca a Oaxaca en el segundo lugar de hechos de violencia política en todo el país durante este proceso electoral, pues la consultoría Integralia también lo considera así.
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Según información y datos de la empresa especializada en riesgo político y conflictividad social, la cual es encabezada por Luis Carlos Ugalde Ramírez, Veracruz ocupa el primer lugar, con 24 eventos; seguido de Oaxaca, con 19; Guanajuato, con 14; Guerrero, con 13; Jalisco, con 13, y Baja California, con 11.
Además, Integralia agrega que buena parte de los incidentes fueron perpetrados por grupos criminales, principalmente en nueve municipios del país, incluidos al menos dos de Oaxaca, en las regiones de los Valles Centrales y la Costa.
La consultoría asegura que los municipios de México donde se presume la participación del crimen organizado en las agresiones a candidatos son Acapulco, Guerrero, con cuatro; San Luis Potosí capital, con cuatro; Tijuana y Tecate, Baja California, con cuatro y tres, respectivamente; Ciudad Juárez, Chihuahua, con tres; Zapopan, Jalisco, con tres; Apaseo el Alto, Guanajuato, con tres, y en el territorio oaxaqueño Santiago Jamiltepec y Oaxaca capital, con tres cada uno.