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Foto: Sepia
Oaxaca de Juárez.— La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca solicitó al gobierno del estado la cancelación del programa de empoderamiento económico para las mujeres jefas de familia en hogares indígenas y afromexicano “Mujer es familia”.
Lo anterior, argumento, porque este programa a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) carece de elementos técnicos que permitan dar seguimiento al destino de los recursos públicos.
Ante ello, los legisladores locales también solicitaron que se revisen y reformulen las reglas de operación de “Mujer es familia”.
Esta política asistencial, precisaron los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del estado, no define el concepto de “mujeres jefas de familia”, lo cual deja a discreción de quién va a ejecutar los recursos públicos, la inclusión y selección de los probables aspirantes a ese apoyo económico.
Tampoco contempla un apartado donde se plantee la problemática que busca atender y no deja claro cuál es la población objetivo; carece de información con respecto al número de hogares con mujeres jefas de familia tanto en el estado como en las comunidades indígenas y afromexicanas.
En sus reglas de operación no señala el número y relación de municipios indígenas de alta y muy alta marginación en el estado, pese a que el programa se justifica con la afirmación de que es prioritariamente para esa población. Y a pesar de que está dirigida para la población indígena, no se considera la difusión de la convocatoria en lenguas indígenas.
No se establecen indicadores de gestión ni de resultados que permitan evaluar los procedimientos y tampoco el cumplimiento de las metas y objetivos sociales.
Aunque estipula como una obligación “ocupar de manera eficiente dicho apoyo para la sustentabilidad de la familia”, no se consideran los mecanismos que permitan dar seguimiento y evaluar su cumplimiento.
En el programa no se contemplan mecanismos de corresponsabilidad que involucren a las beneficiarias en acciones que permitan combatir la problemática y no establece la forma de dispersión o distribución de los recursos que se dará en apoyo a cada una de las beneficiarias.
Además, establece como requisito de elegibilidad (para ser beneficiaria de estos apoyos económicos) que debe tratarse de mujeres viudas, solteras, divorciadas y que no tengan ningún vínculo con de pareja, requisito que para los diputados locales es totalmente discriminatorio.
Este criterio, explican, atenta contra el libre y normal desarrollo social, psicológico y afectivo de toda persona, y violenta lo establecido por la ley de la materia en el ámbito local al estipular que todo programa debe estar sujeto a la equidad social, entendiéndose por esta como “la superación de toda forma de desigualdad social, exclusión o subordinación social, basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra”.