“¿Si no es ahora, cuándo?”, exigen mujeres con cargos en municipios indígenas de Oaxaca, pioneras de la paridad
Funcionarias de comunidades de la Mixteca que se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas acusan al Congreso local de dejar solas a mujeres autoridades de pueblos originarios y “lavarse las manos”
Juxtlahuaca.- Maribel Velasco García y Sara Barrios Bautista fueron las dos primeras mujeres en ocupar un cargo público en San Esteban Atatlahuca, para el periodo 2020-2022, lo que le permitió a este municipio de la Mixteca de Oaxaca cumplir por adelantado con la paridad de género establecida en el Decreto 1511, por el que se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) en 2020.
No obstante, luego de que el Congreso del estado aprobó en días pasados una nueva reforma al artículo Tercero Transitorio de dicho decreto, la paridad de género se queda sin fecha para llegar a los municipios que aún faltan de los 417 bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígenas (SNI), pues el plazo fijado para el 2023 fue eliminado.
Foto: Juana García
Pioneras de la paridad
Maribel Velasco García y Sara Barrios Bautista fueron electas síndica municipal y regidora de Educación, respectivamente, en San Esteban Atatlahuca, semanas antes de que fuera aprobada la reforma de 2020 al LIPEEO. Antes de ellas, ninguna mujer había ocupado un cargo público en este municipio.
Con este ejemplo, la población ya eligió a las autoridades que tomarán la administración pública a partir de 2023, 50% de las cuales son mujeres.
“Me tocó exigir que se cumpliera cabalmente 50% de paridad de género. Dicen que no están preparadas las comunidades, pero si no es ahora, ¿cuándo?”, cuestiona Velasco García.
Para Verónica Morales León, activista del territorio y defensora de los derechos de la mujer indígena, la reforma aprobada por la 65 Legislatura constituye un retroceso: “Con este aplazamiento, las instituciones se lavan las manos con el ‘te lo dejo ahí, para cuando tú estés preparado’, ¿pero cuándo vas a estarlo, si las instituciones no los apoyan en el proceso?”.
La activista es originaria de Santo Reyes Tepejillo, municipio regido bajo SNI, en cuyas últimas elecciones de autoridades para 2023 apenas alcanzó la paridad. Por ahora sólo hay tres regidoras en la función pública.
Verónica Morales reconoce que las comunidades tienen sus propios procesos, pero que la nueva reforma deja sin garantías a las mujeres de pueblos indígenas que ya fueron electas: “Prácticamente les están diciendo: ‘sí estás ejerciendo tu derecho, pero te estamos dejando sola’, cuando son las instituciones las que deberían de garantizar que las mujeres puedan ejercer en pleno sus derechos políticos electorales”.
En Magdalena Peñasco, la reforma de 2020 a la LIPEEO permitió que Flora Barrios se convirtiera ese año en la primera presidenta del municipio.
“Antes, los puestos eran para puros hombres y ahora, pues las mujeres ya podemos participar”, declara la edil de Peñasco, quien reconoce que ha contado con el apoyo de su cabildo.
Violencia de género no creció, “se hizo visible”
Maribel A. Velasco, exterioriza que el tema de violencia de género en los municipios regidos por SNI no es nuevo, sino que hay más espacios de confianza para que más mujeres presenten una denuncia: “No es que haya incrementado, sino que hoy se hacen más visibles y por ello es tan importante que sigamos ocupando espacios para la toma de decisiones”.
Durante su administración, la síndica de Atatlahuca fue víctima de violencia de género; sin embargo, subraya, las diputadas que apoyaron la nueva reforma de la LIPEEO no le brindaron acompañamiento, pese a que son ellas quienes argumentaron que la obligación de paridad provocó una mayor violencia política de género.
“He vivido violencia política por este tema del conflicto social, lo he expuesto en distintas ocasiones, fue un tema de seguridad personal, pero ninguna de estas diputadas hizo un pronunciamiento”, lamenta.
Verónica Morales, quien también fue una de las primeras mujeres en ocupar un cargo en Bienes Comunales de Tepejillo, afirma que “si las instituciones identificaron la violencia de género, también deberían identificar que no tuvieron capacidad de dar acompañamiento a esas mujeres que sufrieron violencia; muchas quieren participar, pero las instituciones no las apoyan, entonces ahora usan estos argumentos para retroceder con nuestros derechos políticos".
“Justo la ley está afectando a las mujeres de los municipios de normatividad interna, donde no se ha hecho un buen trabajo de fomentar y promover el derecho a las mujeres a la participación política; venimos luchando desde 2015, [como] para que [ahora] el Estado y las instituciones retrocedan estos avances”, reclama la activista.
