Cuando Elena escucha el rugido de una motocicleta que se acerca, se congela de miedo. Se queda quieta y no mueve ni un dedo, como queriendo ser invisible, que nadie la note. Luego, cuando el vehículo se aleja, respira aliviada: hoy tampoco le tocó ser testigo de una ejecución.
El miedo de Elena, quien prefiere no dar su nombre real, se debe a que desde que empezaron los años violentos en Tuxtepec, las motos se han convertido en el transporte de quienes mantienen a esta ciudad sitiada por el temor y bajo la sombra de más de 120 ejecuciones en 2019, según medios locales, y 20 sólo en enero.
“Es por la rapidez. La mayoría, por no decir todos los que cometen los actos, circulan en motos por la rapidez”, reflexiona.
Elena recuerda que en esta ciudad asentada en las márgenes del río Papalopan, la violencia estalló en agosto de 2016. Antes de ello, la vida nocturna era pujante y la actividad económica vivía una de sus mejores épocas.
“La zona del bulevar Manuel Ávila Camacho, donde se ubicaban los centros nocturnos, era una fiesta los fines de semana. Nada de eso quedó. Nada”, dice la joven y agrega que ahora las personas prefieren convivir en sus casas y el comercio que queda avanza a empujones.
El resto ha decidido cerrar, porque la violencia también tomó la forma de cobros de piso y, de no pagarlos, las consecuencias llegaban incluso al incendio de locales.
Hasta finales de 2019, más de 100 bares y negocios habían bajado las cortinas. Incluso, familias se habían mudado a donde no destacara su posición: “Da miedo crecer en lo ecónomico”, dice Elena.
Pero Tuxtepec es sólo la punta del iceberg. La violencia en la Cuenca alcanzó al menos a siete municipios de la región, como Soyaltepec, Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Lalana, entre otros, y se extendió más allá de la Sierra Mazateca.
Da miedo crecer en lo ecónomico
Antes reconocidos por su exhuberancia y la belleza de sus paisajes, como el paraje de Mil Islas, los pueblos de pescadores y campesinos de las orillas de la presa Miguel Alemán saltaron a las noticias por convertirse en tiradero de restos humanos, por albergar fosas clandestinas donde se localizaron 16 cuerpos, por las ejecuciones de políticos y por los enfrentamientos e incursiones de comandos a plena luz del día.
La región también destaca como la que acumula más desaparecidos: al menos 35, según datos de la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Así fue como el paraíso se convirtió en escenario de la disputa entre grupos por controlar el tráfico de drogas y personas.
Medidas urgentes
Fue toda esta violencia que vive la región donde colindan Oaxaca y Veracruz la que llevó a ambos gobiernos estatales a acordar un blindaje en la línea compartida.
Las acciones, “de caracter inmediato”, abarcarán desde puestos de control y arcos de detección de vehículos, hasta sobre vuelos y el despliegue de elementos en siete tramos fronterizos.
Anunciadas por el gobernador Alejandro Murat y su homólogo veracruzano, Cuitláhuac García, estos operativos contarán con el respaldo de las policías estatales, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional; alcanzarán a ocho municipios de Oaxaca, siete de la Cuenca y Huautla de Jiménez, en la Cañada, y a seis de Veracruz.
Aún sin arrancar, las acciones ya han sido celebradas. Fernando Dávila, el edil de Tuxtepec, quien felicitó a los gobernadores, se congratula de que exista coordinación de los tres órdenes de gobierno para atender la zona y, asegura, “será de mucha utilidad para todas las familias que viven con miedo a la violencia”.
Pero, para voces como la de Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), los fenómenos de violencia que vive la entidad son tan complejos que no deben ser atendidos sólo desde enfoques que priorizan la seguridad pública, sino también desde perspectivas, como la seguridad ciudadana.
“Es un tema complejo. Se tendría que analizar, más bien, desde el concepto de seguridad ciudadana. Los fenómenos de violencia tienen que ver con muchas otras situaciones, como la desigualdad y la marginación que se viven en el estado, de ahí que tenemos que generar un proceso de entendimiento de dónde vienen estas violencias”, explica.
Por ello, la DDHPO prepara un informe especial para abonar a encontrar los caminos y estrategias “para que estas violencias tiendan a disminuir”.
Mientras tanto, Elena reconoce que para seguir viviendo en la Cuenca se tiene que ser valiente de alguna forma y agrega que en Tuxtepec tienen esperanza de que la violencia se detenga con las acciones anunciadas y que poco a poco regrese la paz.
“Esperemos que sirva de algo, o al menos que lleguen a algún acuerdo [con los grupos] para que la zona se calme”. Lo dice con la certeza de que los pobladores lo que menos quieren es que en la Cuenca estalle “una guerra”, como las que aún se viven a diario en varios lugares del país.