De acuerdo con el Juez, el mandatario o Poder Ejecutivo Estatal no debe regular una circunstancia que escapa a su ámbito de competencia, y que cuya implementación puede convertirse en una sanción que se aplique a discreción y ante la falta de protocolos de actuación en estos casos, poner en riesgo de contagio o de sufrir tortura a poblaciones vulnerables, tanto por parte de la ciudadanía, como de los mismos cuerpos de seguridad.
Si bien cuentan con una resolución a favor, el gobierno estatal la impugnó y hasta el momento se continúa en la espera de la resolución definitiva por los Tribunales Colegiados.
El organismo civil, sin embargo, señaló que en tanto esto suceda, las autoridades estatales y municipales, deben abstenerse de sancionar con arresto hasta por 36 horas, a quienes no porten cubrebocas, mascarilla o cubierta facial.
Mientras que, en el caso de las personas privadas de su libertad, en el mes de junio, Código DH interpuso un amparo para que les sea garantizado su derecho a la salud ante los contagios que se dieron en los centros penitenciarios de Ixcotel y Tanivet, el primero fue cerrado por las afectaciones sufridas tras el sismo de 2017.
En este amparo las autoridades involucradas deben informar de las acciones que implementan apegadas a estándares internacionales de derechos humanos, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
“Nos preocupa que el Centro Penitenciario de Tanivet siga sin protocolos adecuados de actuación, áreas específicas para pacientes con Covid-19 con medicamentos, infraestructura y personal especializado para la atención de la población penitenciaria, que sigue en riesgo ante la permanencia de la pandemia de Covid-19 en Oaxaca y el país”, informó la organización.