Al cumplir un año preso sin sentencia, organizaciones sociales exigen liberación inmediata de vocero de Codedi

Oaxaca de Juárez.—La Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, conformada por ocho organizaciones de la sociedad civil, exigió la liberación inmediata e incondicional del vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), Fredy García Ramírez.

El pasado 6 de noviembre, García Ramírez cumplió un año preso y según estas organizaciones fue recluido de manera injusta y su detención fue violenta y arbitraria.

Mediante un comunicado, recordó que el activista fue detenido cuando se dirigía a una reunión convocada por funcionarios públicos; sin embargo, por alrededor de ocho horas estuvo en calidad de desaparecido hasta que fue puesto a disposición de un juez de garantías.

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La organizaciones acusaron que a pesar de la dilación y violaciones graves a sus derechos, el juez calificó de legal la detención y lo vinculó a proceso por los delitos de lesiones con la calificativa de premeditación y ventaja, robo específico y robo con violencia por equiparación en la causa penal 468/2019, y le dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras el Ministerio Público integraba la investigación correspondiente.

De la misma forma se denunció que la Constitución estable que los plazos para que una persona sea juzgada no deben pasar más de un año y en el caso del vocero de Codedi ya se cumplió ese plazo.

“Apenas el 20 de octubre se declaró cerrado el plazo de la investigación, sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año, siendo prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia”, dijo.

La Coordinación mencionó que García Ramírez continúa con su trabajo como defensor de derechos humanos dentro del penal donde ha denunciado las carencias que viven las personas privadas de su libertad y que el pasado 17 de febrero se declaró en huelga de hambre para exigir respeto a los derechos básicos de alimentación, salud y trabajo de los reclusos.

Mientras que el 2 de junio denunció las condiciones de salud que prevalecen y que exponen a los internos al contagio en esta situación de pandemia de Covid-19, y el 10 de julio el defensor denunció otro episodio de violencia en su contra dentro de reclusorio.

Finalmente, el 4 de noviembre se puso nuevamente en huelga de hambre por malos tratos a las visitas, reducción de alimentación y descuido de atención a la salud sin prestación médica, después del traslado de reclusos de Ixcotel a Tanivet, “terminándose la huelga unas horas después con el compromiso del director del reclusorio de mejorar las condiciones”.

Aseguró que estas violaciones a los derechos humanos de García Ramírez se suman a una larga lista de agravios en contra de Codedi que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, constantes amenazas y hostigamientos mismos que siguen impunes y “que configuran una estrategia para acabar con la legitima labor de la organización y merman la labor de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca”.