Expresaron que un hecho que les alarma es el ocurrido en agencia Tierra Blanca Copala, comunidad del municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde nuevamente decenas de familias fueron desplazadas para que un grupo armado se apoderara de sus viviendas “en un ataque a sangre y fuego”.
Los desplazados de San Juan Copala responsabilizan a la dirigencia colectiva del MULT de cualquier agresión que pueda ocurrir en su contra y contra sus compañeros activistas que han respaldado su movimiento como víctimas de desplazamiento forzoso.
También adelantaron que a través del recurso jurídico del amparo agotaran su demanda de justicia y retorno seguro a su comunidad, ante el desinterés del Estado para hacer justicia y que se respeten las leyes.
Así como por el incumplimiento a las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internaciones de derechos humanos, incumplir y violar los tratados internacionales del cual es parte, violar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169, y violar e incumplir el acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los desplazados de San Juan Copala insistieron en la falta de interés de los gobiernos federal y estatal para aplicar la justicia y lograr el retorno a su comunidad y a sus hogares, que aseguran, les fueron arrebatados por pensar diferente.
De la misma manera, advirtieron que desde la nueva dirigencia del MULT que ha enarbolado una bandera de paz, lo que ha ocurrido es la agudización de los hechos sangrientos en la región Triqui y múltiples asesinatos en meses recientes, los cuales permanecen en la impunidad.
“Compañeros y compañeras han sido asesinados en los últimos meses sin que estos hechos trasciendan más allá de nuestra rabia e indignación, continua la impunidad de siempre la autoridad solo atina a realizar alguna mesa de negociación como siempre para dar tiempo a los deslindes y declaraciones de inocencia a través de panfletos”, denunciaron.
De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno (Segego), fueron al menos 100 personas de Tierra Blanca las que fueron desplazadas por los hechos violentos la semana pasada, por lo que elementos de corporaciones de seguridad como la Guardia Nacional y la Policía Estatal, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), acompañaron a los habitantes para garantizar su retorno seguro.