Interponen amparo para exigir acciones urgentes ante riesgo de Covid-19 en prisiones

Oaxaca de Juárez.- El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) promovió un amparo ante el Juez Quinto de Distrito en el estado para que se garantice el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Oaxaca, tras el registro de casos positivos de contagio por Covid-19 en estos lugares.

La organización explicó que se busca que las autoridades responsables emitan medidas y acciones sanitarias urgentes, efectivas para prevenir, detectar y evitar contagios en los casos de personas privadas de su libertad ya infectadas por coronavirus.

El pasado 23 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en coordinación con los Servicios de Salud (SSO), confirmaron siete casos positivos del nuevo coronavirus entre los internos del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula, en los Valles Centrales. 

Días después, el 3 de junio, la SSPO nuevamente informó que, tras haber realizado las pruebas correspondientes, se reportaban seis casos positivos ahora en la Penitenciaría Central de Ixcotel, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. 

Luego, a inicios de junio, las autoridades dieron a conocer la muerte de un interno de 65 años, y de un custodio, ambos de esta segunda prisión. Ninguno se contabilizaba entre los casos confirmados al interior del penal, pero el agente murió en su casa con síntomas de Covid-19.

Con esta demanda de amparo interpuesta por Código DH, se busca proporcionar “de manera urgente y constante” los suministros básicos de salud e higiene, así como garantizar el acceso al agua potable, a las personas privadas de la libertad, es decir, condiciones que les permitan hacer frente a la pandemia.

También se pide implementar medidas y acciones urgentes que tengan como finalidad garantizar su derecho a la seguridad e integridad en los centros penitenciarios, así como la del personal que labora en los centros penitenciarios, ante posibles conflictos derivados por Covid-19.

Código DH también exige que se implementen las medidas necesarias y urgentes para garantizar la comunicación al exterior de las personas privadas de la libertad, derivado de la suspensión de visitas en los centros penitenciarios, así como brindar información pública, precisa y detallada de manera urgente tanto a reclusos, como a sus familiares, defensores y sociedad en general.

La organización informó que la demanda de amparo fue admitida para el efecto de que “todas las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad protejan la integridad, vida y salud de la comunidad penitenciaria, debiendo implementar acciones para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad causada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19); en la inteligencia de que las responsables deberán proveer, de ser necesario, las diligencias para vigilar y garantizar su salud, y no se pongan en riesgo sus vidas”, explican.

Y de la misma forma para que los internos tengan comunicación con el exterior, sin alterar el debido orden, y procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de las personas internas.

Dicha demanda de Código DH se suma a la reciente exigencia para acelerar el cumplimiento de la Ley de Amnistía para los casos aplicables del fuero federal y en el que sean beneficiadas mujeres privadas de su libertad en el centro penitenciario femenil que se encuentra en el municipio de San Francisco Tanivet, ante riesgo por Covid-19.

También pidió a las autoridades federales, estatales y de procuración de justicia, resolver cuanto antes las solicitudes de liberación considerando las comorbilidades, es decir, dos o más enfermedades detectadas en las mujeres internas.

Este lunes, el Poder Judicial de Oaxaca informó que en el pasado mes de mayo se le otorgó la libertad anticipada a 15 personas recluidas en centros penitenciarios del estado, y aún sigue con el análisis de nuevos casos para estar en posibilidades de otorgar este beneficio a otro número de personas privadas de su libertad, ante el incremento de contagios por el virus, y por razones humanitarias, hacia quienes están próximos a finiquitar su pena de prisión.