A 2 años de reforma trans en Oaxaca, funcionarios aún ponen trabas; 'que no sea simulación': activistas

Alondra Irazema Romero Vásquez acudió un día de enero pasado con sus documentos en regla a la Oficialía del Registro Civil en su municipio, Villa de Zaachila, para realizar un simple trámite contemplado en el Código Civil del estado; no obstante, al llegar fue tratada de manera despectiva por la oficial encargada, quien se negó a hacer su trabajo, bajo el argumento de que ella “no tenía tiempo para esas cosas”.

Alondra, de 21 años y artesana costurera de profesión, no se dio por vencida y regresó en junio, esta vez acompañada por su abogada, con la única meta de conseguir un acta de nacimiento en la que se le reconozca legalmente y ante la sociedad como lo que ella siempre ha sabido que es: una mujer.

“Esas trabas son las que aún nos limitan a nosotras. Si aquí, que ya soy una mujer adulta, que cuento con mi identificación oficial y todo, fui con la oficial y ella dijo: ‘No’. Aquí en Oaxaca, en donde se supone que ya está la ley, que ya está todo aprobado, te ponen trabas”.

Aun con su abogada presente, una persona trans igual que ella, la oficial del Registro Civil se negó a hacer el trámite; además, exigió que la defensora demostrara con un documento que era la representante legal de Alondra. Al final, viajó a la Ciudad de México para llevar su trámite a buen fin.

“Si eso es algo que me pasó a mí, que soy adulta ¿qué pasará con una adolescente?”, reflexiona la joven en entrevista para EL UNIVERSAL, a propósito de la recién aprobada reforma al Código Civil local, en la que se contempla que  las personas mayores de 12 años puedan registrarse con su identidad de género.

El caso de Alondra no es el único. Candy Castellanos, persona no binaria, abogada y encargada del área jurídica de Oaxatrans, organización dedicada al acompañamiento de personas trans, señala que ha llevado casos en los que los oficiales del registro llegan a pedir hasta 30 copias del acta primigenia; dado que cada una cuesta 200 pesos, “nos estaban pidiendo hasta 6 mil pesos, tarifa que no está expuesta en ningún lado.

“En el Código Civil vienen específicamente los requisitos que se necesitan, el problema es cuando llegan y presentan [la solicitud] en cualquier oficialía y les dicen que no se puede hacer el trámite o que necesitan irse a juicio. Puras trabas”.

Vida limitada

Foto: Mario Arturo Martínez

Aref Barrita, sicólogo y también integrante de Oaxatrans, recuerda que acudió a la oficialía en la ciudad de Oaxaca a realizar su trámite un día después de que la reforma en beneficio de adultos trans entró en vigor, en 2019, pero en un principio le fue negada, situación que lo afectó en el terreno laboral, ya que en ese entonces había postulado para un puesto de gobierno. Al no contar con sus documentos, le negaron el trabajo.

“El no tener una documentación nos deja en un estado de indefensión que repercute, no sólo a nivel social, sino también a nivel sicológico, económico e incluso, en el sector salud”, señala Aref, quien se percibe como persona trans masculina.

Por el caso de su compañero de organización, Candy Castellanos presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el 21 de marzo pasado. En ella,  denuncia al Registro Civil del estado por no haber realizado el trámite a Aref en tiempo y forma, con las respectivas consecuencias en su situación laboral y sicológica.

Pero la abogada no se limitó a levantar una simple queja, sino que pidió al Registro Civil que capacite a sus servidores públicos en lo que se refiere a la atención  a las personas trans y que esta capacitación se haga extensiva a las 142 oficialías que están dentro del estado.

“Porque hay una diferenciación de atención, procesos y formas de trámites que se llevan en cada una de las oficialías; cada una lo hace como le parece, se siguen yendo por costumbres institucionales, sin respetar sus reglamentos ni sus propios protocolos de atención”, expone Candy Castellanos.

Un año después de iniciado el trámite y ante la urgencia de rendir un informe ante la DDHPO, el Registro Civil entregó sus documentos a Aref. En otros lugares, como la Ciudad de México, este procedimiento no toma más de un mes y medio. 

La reforma no es suficiente

Foto: Mario Arturo Martínez

A más de dos años de la reforma y aunque las autoridades del Registro Civil señalaron en su momento que su personal estaba recibiendo capacitación y sensibilización acerca del tema, la realidad es que para personas como Aref y Alondra el acceso libre y simplificado a un trámite que les permita identificarse legalmente como lo que son, es algo todavía lejano.

“No existe un protocolo y una atención sensibilizada hacia la población trans, y el Registro Civil ha caído en la violación de nuestros derechos humanos, desde el momento en el que no saben nombrarnos. Yo tuve la experiencia en que el día del levantamiento de mi acta de nacimiento y la corrección de mi nombre, la persona todavía me nombraba de la forma anterior y en femenino”, comenta Aref Barrita.

Para Alondra  Romero, quien pertenece al Colectivo LGBT Zaachila, “es molesto ir a esos lugares, que ellos estén viendo a una mujer y todavía se atrevan a hablarte de ‘él’, es un trato muy discriminatorio, muy feo. Tener que dar vueltas, desgastarte, para que al final no te lo quieran hacer y tener que irte a otro estado, cuando se supone que en tu entidad ya está aprobado”.

De acuerdo con la diputada local Magaly López, la reforma al Código Civil aprobada por la 64 Legislatura en favor de las personas mayores de 12 años,  el Registro Civil “deberá contar con personal especializado e intervención con adolescentes, género y diversidad sexual en la adolescencia”.

No obstante, en la experiencia de personas trans adultas, cuya reforma salió desde 2019, no basta con una modificación en el papel.

“No es nada más hacer la reforma y ya, se tienen que buscar elementos para que esa reforma se pueda implementar. Pareciera que nada más es un mero protocolo del estado”, afirma Candy Castellanos. 

Por ello pide “que deje de ser una simulación del Estado y que realmente se garanticen nuestros derechos”.