Acusan discriminación en caso de afros presos por homicidio de un alumno de la UNAM en Chacahua
Los dos pobladores de esta comunidad de la Costa llevan casi 9 años presos sin sentencia; se ha denunciado tortura
Oaxaca de Juárez.- El coordinador del área jurídica de Código DH, Ángel Alberto Hernández Rivera, exigió a las autoridades judiciales acelerar el proceso en contra de dos afromexicanos acusados del homicidio del joven Jesús Israel Moreno Pérez; ambos están por cumplir nueve años en prisión sin recibir sentencia.
De acuerdo con el abogado, el caso de Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez se trata de dos personas afromexicanas a quienes les “fabricaron” su culpabilidad bajo tortura, malos tratos y coacción.
El caso de Honorio y Margarito, dijo, es un caso paradigmático de injusticia, discriminación y racismo hacia personas pertenecientes a la población afromexicana, plagado de toda la perversidad del Estado para fabricar culpables a base de tortura, que impactó de manera violenta en la paz de la comunidad de Chacahua, generando un estigma imborrable entre la población.
“A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afrodescendiente”.
El abogado de Código DH detalló que Honorio Corcuera y Margarito González son originarios de Chacahua; fueron torturados y acusados de los delitos de Homicidio Calificado (premeditación y ventaja) y robo calificado (con violencia física), en agravio del estudiante de la UNAM Jesús Israel Moreno Pérez, quien desapareció el 8 de julio de 2011 en la comunidad de Chacahua, perteneciente al Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y cuyo cuerpo no ha sido hallado.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, y el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, sostienen que el 10 de julio de 2011, aproximadamente a las 21 horas, Jesús Israel Moreno Pérez fue asesinado para despojarlo de una cámara fotográfica, un iPod y un teléfono celular.
El 4 de enero de 2012, el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Jesús López López y el Subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Joaquín Carrillo Ruiz, anunciaron la resolución del caso con la detención de Honorio Corcuera Noyola, Margarito González Domínguez y dos personas más.
“Es de mencionar que llevaban arraigados desde principios de diciembre y fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por elementos de la procuraduría del estado, violando con ello su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho”.
Ante la simulación del Estado en esclarecer la desaparición de su hijo, el 10 de noviembre de 2015, el padre de Jesús Israel Moreno Pérez, interpuso una queja ante el Comité de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que el ejercicio de la acción penal se basó en testimonios contradictorios, autoincriminatorios y obtenidos bajo tortura de las personas detenidas.
En esa queja, el padre advirtió que su hijo no portaba aparatos electrónicos como iPod ni cámara fotográfica y señaló que la investigación se basó en una ‘autopsia verbal’ (sin cadáver y sin sustento científico), fabricaciones de pruebas, alteración y sustitución del teléfono celular que portaba su hijo entre otras graves inconsistencias.
Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez siguen privados de su libertad por casi 9 años, acusados de delitos que nunca cometieron, sostuvo el abogado de Código DH.
Además, agregó que no es ninguna coincidencia que existiendo suficientes pruebas de la inocencia de Honorio Corcuera Noyola y Margarito González, estén por cumplir 9 años privados de su libertad y sin sentencia, sin que hasta el momento, ningún funcionario implicado haya sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas que se utilizaron para resolver el caso.
“Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado de Oaxaca, donde servidores como jueces, agentes del MP, peritos y agentes Estatales de Investigación señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia en el estado”, reiteró.
