Congreso tiene 68 días para crear una ley de consulta indígena

Los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca tienen hasta el 24 de enero, es decir, 61 días, para crear   la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el Estado de Oaxaca, cuya discusión avanza entre la desconfianza y la incredulidad de las comunidades oaxaqueñas que por años han vivido en el abandono, y a las  que nunca les reconocieron sus derechos, admite la diputada local Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y de Migración.   

“En los recorridos para socializar, primero, la propuesta del protocolo para elaborar la ley de consulta y, después, para informar sobre el contenido de dicha legislación hemos visto  mucha desconfianza e incredulidad de los pueblos indígenas porque en el pasado reciente había línea federal para negarles sus derechos, pero también hemos visto mucha participación”, asegura la diputada originaria de Juchitán.

Según la propuesta  que se prepara para  la ley, las consultas a las comunidades indígenas y afromexicanas serán procedentes “en los casos de elaboración de los planes estatal y municipal de desarrollo, medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y en  proyectos de desarrollo que impliquen o puedan implicar una afectación directa”.

Se trata de una materia pendiente desde 2001, cuando  se modificó la Constitución federal y  los estados debían crear una legislación para hacer efectivo el reconocimiento a estos pueblos, algo que no sucedió.

Tan sólo en 2013, en  el gobierno de Gabino Cué, recuerda Hugo Aguilar,   quien entonces  fue subsecretario de   Asuntos Indígenas (SAI), se presentó ante el Congreso    una iniciativa para reformar la Constitución de Oaxaca en materia de derechos indígenas, pero ésta no prosperó porque los legisladores priistas se negaron a avalarla y no se alcanzó la mayoría calificada. Gloria Sánchez asegura que en esta legislatura el panorama es diferente.

“Desde que la 64 Legislatura inició  labores, puso en el centro de su agenda  trabajar a favor de las comunidades indígenas y retomar lo que en las tres legislaturas pasadas no se pudo: una ley que reconozca sus  derechos”, dice  y agrega que la actual propuesta  reúne tres iniciativas que presentaron por separado  Hilda  Pérez (Morena), María de Jesús Sánchez (PAN) y Saúl Cruz (PT).

Detalla  que  Morena tiene la mayoría  y construir esa ley  fue uno de sus   compromisos. Pese a ello,  los diputados tuvieron que enfrentar un juicio de amparo y ser emplazados por un juez federal para crear dicha ley a más tardar el  30 de septiembre; al no lograrlo, cayeron en desacato.    

El Congreso local, explica la diputada, tuvo que acudir ante el Juzgado  11  de Distrito de Oaxaca, donde se  le concedió una prórroga hasta el 24 de enero de 2020.

Según la recalendarización que hicieron los diputados  para lograr construir la ley, lo que requiere por fuerza consultar a las comunidades, se espera que el  6  de enero  se apruebe el dictamen en las comisiones, una vez que  los pueblos indígenas la avalen    en asambleas de la fase consultiva, programadas para el  29 y 30 de noviembre.

Sin embargo, el proceso de consulta ha sido descalificado por  activistas  como Miguel Ángel García, del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, y Carlos Beas Torres, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo: “Sólo son asambleas que simulan y que van a convalidar lo que ya determinaron. Son consultas ‘patito’, como las que ha hecho López Obrador para el aeropuerto, el Tren Maya y el Corredor Transístmico”, coinciden.  

Mientras   Vicente Carrasco, edil de Unión Hidalgo, quien afirma que no asistió al foro de Juchitán porque no fue invitado, considera que la obligatoriedad de la consulta debe plasmarse también en la Ley Orgánica que rige a los municipios.

“Espero que en la fase deliberativa y consultiva los ediles muestren mayor interés porque no es poco lo que está en juego, es la posibilidad de que los pueblos sean consultados sobre temas  que impliquen afectaciones para ellos”, finaliza Gloria Sánchez.