Piden triquis que Encinas lleve mesas para la paz; violencia desplazó a más de 500 personas

Oaxaca de Juárez.- Tras la reactivación de la violencia en comunidades de la región Mixteca habitadas por el pueblo Triqui, este lunes integrantes del Colectivo de Desplazados de San Juan Cópala desde hace 10 años, acusaron complicidad de autoridades estatales con el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), al que responsabilizan de los ataques armados que han desplazado al menos a 520 personas.

Ante ello, demandaro la intervención del gobierno estatal y federal para desarmar a este grupo que califican de paramilitar y anunciaron que solicitarán que sea Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quien encabeza una mesa para alcanzar la paz.

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“El gobierno es cómplice al no atender las denuncias, hoy hay tres comunidades desplazadas, dos tienen más de 10 años y el estado no lo puede solucionar”, señaló Reyna Martínez Flores vocera de las familias desplazadas de San Juan Copala en conferencia de prensa.

Desde principios de enero, se ha denunciado la reactivación de ataques armados de presuntos grupo paramilitares que ha desplazado al menos a 500 personas de Tierra Blanca Copala, en un contexto en el que dos organizaciones sociales se disputan el control de la comunidad.

Ante dicho escenario, y tras el inicio del retorno de las personas, acompañado por autoridades estatales, el fin de semana pasado se denunciaron nuevos ataques, que dejaron personas asesinadas y otras heridas de bala, acusó el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), la otra organización en disputa.

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Lo anterior fue desmentido inicialmente por las autoridades y por el MULT, pero este domingo se notificó el hallazgo de los cuerpos dos personas sin vida en avanzado estado de descomposición, sin que hasta el momento se descarte si fueron víctimas de las agresiones armadas.

Al respecto, la vocera informó que los cuerpos ya fueron enterrados, por su avanzado estado de descomposición. “Nosotros lo dijimos desde mucho tiempo, no hicieron caso”.

Según la activista Frida Guerrera, quien accedió a las comunidades, suman al menos 520 las personas que fueron desplazadas de Tierra Blanca y que se encontaban en Yosoyuxi, la mayoría mujeres lactantes con hijos pequeños y mujeres de la tercera edad.

Ante este contexto, y tras la solicitud de medidas cautelares de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para las comunidades triquis, el Gobierno de Oaxaca  ordenó a distintas dependencias que se trasladaran a la región para implementar el Plan Integral de Seguridad en la zona Triqui.

“Atendiendo la instrucción del Gobernador de brindar puntual atención a las personas de Tierra Blanca, se desarrolló el Plan Integral de Seguridad, se desplegaron acciones de gobierno en una estrecha coordinación con la federación y dependencias estatales en la zona Triqui”, informó ayer Francisco García López, secretario general de Gobierno.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría General de Gobierno (Segego), en coordinación con autoridades federales y organismos autónomos. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), por ejemplo, otorgaron atención médica básica, así como la entrega de cubrebocas, gel antibacterial y medicamentos básicos, mientras que Unidades Móviles y el Registro Civil otorgaron diversos servicios sociales.

Mientras tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) realizó la verificación y certificación a las acciones realizadas en el desarrollo de la jornada en la que también participaron la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO).

“La Segego hace un llamado a todas las personas, así como a las organizaciones sociales a privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica sus conflictos y con ello reconstruir el tejido social, respetar la integridad física y moral de la población sin afectar a terceros, y coadyuvar para crear una agenda que permita construir la paz entre las comunidades hermanas de la zona Triqui”, informó la Segego en y comunicado.

Pese a ello, Frida Guerra calificó como indiferente la actuación institucional y señaló deficiencias en la atención.

“Encontramos una indiferencia del gobierno del estado, del color que sea, negación de que no había muertos ni heridos (...) les estaban dando paracetamol a mujeres que se quejan que no pueden comer, dormir, porque estuvieron en una situación constante de estres, de terror, de balazos”, cuestionó.