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Al respecto, la diputada señala que no son claros los pormenores del caso de María Concepción C. P., la mujer que continúa en prisión, fue por ello que el pasado 15 de septiembre emitió un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para “investigar, dar seguimiento al caso y otorgar su libertad”, en caso de que se trate de una sanción relativa a la interrupción del embarazo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de septiembre de 2019, cuando se aprobó la ley, a julio de 2020, un total de 11 mujeres han sido denunciadas y enfrentan procesos por el delito de aborto ante las autoridades.
De estos casos, dos sucedieron en septiembre de 2019, tres en noviembre del mismo año y dos más en diciembre; en 2020, un proceso se registró en enero, uno en febrero, dos en junio y uno en julio.
Aunque la Ley de Amnistía que busca que las mujeres que fueron procesadas por abortar queden en libertad no se ha aprobado en Oaxaca, la reforma al Código Penal permitió que, al no considerarse un delito la interrupción del embarazo hasta la semana 12, las 19 mujeres que permanecían en reclusión fueran puestas en libertad.
Otro de los pendientes reconocidos por la legisladora es la reforma a la Ley Estatal de Salud; la cual, asegura, no está en la comisión que Pérez Luis preside, sino que fue turnada a la Comisión de Salud, que preside el diputado Emilio Joaquín García Aguilar.
Recientemente, la legisladora Magaly López Dominguez presentó una iniciativa para anexar a esta ley un capítulo exclusivo sobre el aborto legal, que incluya cuatro artículos.
En ellos se propone que el plazo para que se practique la interrupción a una solicitante no pase de 4 días, y que se capacite al personal de salud para garantizar que pese a posturas ideológicas o religiosas, no se discriminará a las mujeres solicitantes, y se les garantizará el derecho a decidir sobre su maternidad.
Pese a la legislación que se aprobó hace un año, en la entidad, señala Hilda Pérez Luis, hay conocimiento de algunos casos en los que se violentó el derecho de las mujeres de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), no obstante, la información al respecto es limitada, pues además de la pandemia, los casos llegan a su conocimiento cuando son difundidos por medios de comunicación.
Por otro lado, luego de reconocer que en las regiones hay mayor susceptibilidad de que las mujeres puedan ser revictimizadas tras decidir interrumpir su embarazo, la legisladora apuntó que el Congreso local ha tejido redes de trabajo que permiten el monitoreo de las mujeres en las comunidades, para evitar que se les impida el acceso a su derecho.
Hilda Pérez Luis añadió que el Congreso permanece vigilante de que el sector Salud cumpla con la garantía del derecho a las mujeres sobre su cuerpo, facultado por la Norma 046: “Las mujeres deben denunciar cuando los médicos les niegan el derecho a una ILE por objeción de conciencia”.
