¿Aborto legal? Ante obstáculos puestos a mujeres, se siguen realizando en la clandestinidad

Oaxaca de Juárez.— Cuando “Minerva” decidió que no continuaría con su embarazo y ejercería su derecho a interrumpirlo, como lo contempla la ley en Oaxaca, se topó con una barrera ideológica: los argumentos religiosos del personal médico del Hospital Civil Aurelio Valdivieso.

Era el 17 de agosto cuando a “Minerva”, quien pide no dar a conocer su nombre real, le dijeron “que se iría al infierno” por decidir no ser madre. De acuerdo con su propio testimonio, esa fue la excusa que los médicos emplearon para negarle su derecho y para pedirle que reconsiderara la decisión.

El 25 de septiembre de 2019, Oaxaca hizo historia al legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en la segunda entidad del país en aprobar una legislación que garantiza a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

A un año de distancia, los alcances de la modificación al Código Penal del Estado de Oaxaca apenas han permitido que en ese lapso de tiempo oficialmente  seis mujeres hayan tenido acceso al derecho de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de acuerdo con datos del Congreso de Oaxaca.

A  otras miles que como Minerva  desean acceder a ese derecho, los obstáculos las siguen empujando a la clandestinidad. 

De acuerdo con la organización Marea Verde Oaxaca, una de las principales impulsoras de la iniciativa, en la entidad la modificación de la legislación está a medias, pues no se ha cambiado la Ley Estatal de Salud, a fin de que las mujeres accedan a la ILE.

La iniciativa, que se convirtió en ley el año pasado con 24 votos a favor y 10 en contra, garantiza que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo e interrumpir embarazos no deseados hasta la semana 12 de gestación, cuando sucede la implantación del embrión al endometrio.

Para ello se modificaron los artículos 312 al 316 del Código Penal estatal, cambios que también contemplan sanciones de tres a seis meses de prisión, si un embarazo se interrumpe después del término permitido. Y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una mujer a abortar.

La nueva ley pretende erradicar la criminalización hacia las mujeres.  Hasta antes de la modificación de la legislación, en Oaxaca sumaban 20 las mujeres que habían estado presas por abortar y 49 las carpetas de investigación relacionadas con abortos; un año después, sólo una de ellas sigue en el Reclusorio Femenil  de Tanivet tras la interrupción de su embarazo.

¿Qué hace falta? 

Un año después de la despenalización, las activistas cuestionan la dilación de legisladores e instituciones de Salud, pues este es un derecho ganado de las mujeres que atendería el problema de salud pública en el que se ha convertido abortar en la clandestinidad.

Desde hace años, en organizaciones como Marea Verde Oaxaca y otras que tienen representantes en el estado, mujeres acompañan a otras para abortar. Al respecto, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Valentina Jaso, indica que “ninguna mujer que decide abortar enfrenta el proceso con alegría”.

Por esa razón, en las organizaciones no sólo se acompaña a las mujeres en el plano médico, con la coordinación de ginecólogas que dan seguimiento a los casos, sino también con sicólogas feministas que ayudan a las mujeres a superar el proceso. 

Para la activista Mayra Aldaz, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Estado no solamente debe garantizar a las mujeres el derecho a interrumpir  un embarazo no deseado, sino también proveer métodos anticonceptivos, educación sexual, servicios de salud sexual y reproductiva; no obstante, ello no significa que aunque se garantizara lo anterior, los abortos dejen de existir. 

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“El Estado debe garantizar los servicios de aborto de forma segura y permanente, para que deje de ser un problema de salud pública y se disminuya la mortalidad materna, así como los abortos y la maternidad no deseados”, dice.

Pero sobre todo, insiste, la despenalización debe contribuir  a la erradicación de la clandestinidad, algo que aún no sucede en Oaxaca, pues hasta ahora no hay garantías para las mujeres que buscan ejercer ese derecho.

Lo anterior, explica, porque aunque la ley cobija a las mujeres para evitar que sean aprehendidas tras interrumpir su embarazo, hasta ahora, no garantiza que los procedimientos para ello estén bajo supervisión del sector salud. 

Al respecto, Marea Verde Oaxaca señala que, a comparación de los seis casos que se han dado en la legalidad, “las acompañantes” atienden igual número de casos en una sola semana, y aunque a través de redes sociales se da la posibilidad de ser acompañada, la clandestinidad persiste.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se calcula que  en un año en el estado se registran alrededor de 2 mil 300 abortos clandestinos; sin embargo, por cada uno de estos existen cuatro no registrados, lo que suma hasta 9 mil 200 casos anuales. Ante ello, quienes  buscan un proceso seguro, acuden a las organizaciones o viajan a la Ciudad de México, donde hay acceso a la ILE desde 2007. Sólo de 2015 a 2020, 176 oaxaqueñas viajarona la capital por ese motivo.    

En Oaxaca, sólo el Hospital Civil es el que recibe a  mujeres que desean interrumpir el proceso de gestación; no obstante, los SSO apuntan que se está conformando una red de centros médicos que puedan realizar los procedimientos, sin que las mujeres sean objeto de discriminación.

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Según Marea Verde Oaxaca, esta discriminación existe cada que un médico niega a una mujer el derecho a decidir. Desde la modificación al Código Penal, dice la organización, los casos que se acompañan no han disminuido, y se mantienen sobre todo con mujeres de comunidades indígenas.

Mayra Aldaz señala que en estas comunidades, a las mujeres se les niega también el derecho a la información. Por esa razón, insiste, es importante que legalmente se establezcan lineamientos para el sector Salud, a fin de que tengan acceso tanto a la información como a los medicamentos que debe incluir el proceso.

Además, las organizaciones apuntan que las solicitudes de interrupción no son reportadas por los SSO, debido a que el personal médico no está capacitado para dar atención a las mujeres que lo solicitan. 

Sobre el tema, Valentina Jaso abunda que la legalización del aborto trae consigo retos no sólo para legisladores, organizaciones y sector salud, sino para toda la sociedad: “Lo que hace falta en Oaxaca es sensibilizar e informar a la sociedad sobre el tema, no sólo a las mujeres, sino a todos. Que se incluyan los procedimientos seguros, y los derechos que les asisten”, finaliza.