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A un año de distancia, los alcances de la modificación al Código Penal del Estado de Oaxaca apenas han permitido que en ese lapso de tiempo oficialmente seis mujeres hayan tenido acceso al derecho de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de acuerdo con datos del Congreso de Oaxaca.
A otras miles que como Minerva desean acceder a ese derecho, los obstáculos las siguen empujando a la clandestinidad.
De acuerdo con la organización Marea Verde Oaxaca, una de las principales impulsoras de la iniciativa, en la entidad la modificación de la legislación está a medias, pues no se ha cambiado la Ley Estatal de Salud, a fin de que las mujeres accedan a la ILE.
Para ello se modificaron los artículos 312 al 316 del Código Penal estatal, cambios que también contemplan sanciones de tres a seis meses de prisión, si un embarazo se interrumpe después del término permitido. Y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una mujer a abortar.
La nueva ley pretende erradicar la criminalización hacia las mujeres. Hasta antes de la modificación de la legislación, en Oaxaca sumaban 20 las mujeres que habían estado presas por abortar y 49 las carpetas de investigación relacionadas con abortos; un año después, sólo una de ellas sigue en el Reclusorio Femenil de Tanivet tras la interrupción de su embarazo.
Un año después de la despenalización, las activistas cuestionan la dilación de legisladores e instituciones de Salud, pues este es un derecho ganado de las mujeres que atendería el problema de salud pública en el que se ha convertido abortar en la clandestinidad.
Por esa razón, en las organizaciones no sólo se acompaña a las mujeres en el plano médico, con la coordinación de ginecólogas que dan seguimiento a los casos, sino también con sicólogas feministas que ayudan a las mujeres a superar el proceso.
“El Estado debe garantizar los servicios de aborto de forma segura y permanente, para que deje de ser un problema de salud pública y se disminuya la mortalidad materna, así como los abortos y la maternidad no deseados”, dice.
Lo anterior, explica, porque aunque la ley cobija a las mujeres para evitar que sean aprehendidas tras interrumpir su embarazo, hasta ahora, no garantiza que los procedimientos para ello estén bajo supervisión del sector salud.
Al respecto, Marea Verde Oaxaca señala que, a comparación de los seis casos que se han dado en la legalidad, “las acompañantes” atienden igual número de casos en una sola semana, y aunque a través de redes sociales se da la posibilidad de ser acompañada, la clandestinidad persiste.
En Oaxaca, sólo el Hospital Civil es el que recibe a mujeres que desean interrumpir el proceso de gestación; no obstante, los SSO apuntan que se está conformando una red de centros médicos que puedan realizar los procedimientos, sin que las mujeres sean objeto de discriminación.
Según Marea Verde Oaxaca, esta discriminación existe cada que un médico niega a una mujer el derecho a decidir. Desde la modificación al Código Penal, dice la organización, los casos que se acompañan no han disminuido, y se mantienen sobre todo con mujeres de comunidades indígenas.
Mayra Aldaz señala que en estas comunidades, a las mujeres se les niega también el derecho a la información. Por esa razón, insiste, es importante que legalmente se establezcan lineamientos para el sector Salud, a fin de que tengan acceso tanto a la información como a los medicamentos que debe incluir el proceso.
Además, las organizaciones apuntan que las solicitudes de interrupción no son reportadas por los SSO, debido a que el personal médico no está capacitado para dar atención a las mujeres que lo solicitan.
Sobre el tema, Valentina Jaso abunda que la legalización del aborto trae consigo retos no sólo para legisladores, organizaciones y sector salud, sino para toda la sociedad: “Lo que hace falta en Oaxaca es sensibilizar e informar a la sociedad sobre el tema, no sólo a las mujeres, sino a todos. Que se incluyan los procedimientos seguros, y los derechos que les asisten”, finaliza.
