Un palacio infestado por la corrupción y ambulantaje

El majestuoso Palacio de Gobierno de Oaxaca, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tiene un par de años convertido en un gigantesco mercado.

Casi tres mil puestos, apostados frente al edificio de cantera verde, forman parte del paisaje urbano, a pesar de que el turismo es la actividad comercial más importante en la zona. 

Y aunque reordenar y reducir el ambulantaje en las principalmente calles de la ciudad ha sido una de las principales promesas de campaña de quienes aspiran cada tres años a encabezar la alcaldía de Oaxaca de Juárez, ésta ha quedado en el discurso.

En enero pasado, al inicio de la administración que encabeza el priísta José Antonio Hernández Fraguas, se tenía un registro de más de 2 mil 750 puestos ambulantes: mil 600 con permiso, 650 tolerados (pagan al municipio, pero no cuentan con permiso) y otros 500 en la completa ilegalidad.

A la fecha, poco se ha podido reducir la problemática pese a los constantes operativos, reconoce Pablo Calderón González, coordinador de Gobierno del ayuntamiento. “Mientras se despejan unas calles, otras son tomadas.
“La problemática es grave porque se han tomado las calles de la ciudad como un medio para solucionar problemas económicos”, puntualizó.

Y aunque aceptó que existe una buena relación con los dirigentes de las organizaciones sociales que agrupan a los comerciantes, la realidad es que por el momento debido a la falta de presupuesto en el municipio es muy difícil buscar alternativas de reubicación que contribuyan a la disminución de la situación, por lo que únicamente implementan operativos para despejar las vialidades, aunque horas más tarde vuelvan a estar igual.

Negó que en esta administración se estén dando permisos que incrementen las complicaiones, ya que, dijo, existe un acuerdo de Cabildo desde el 2008 de no otorgar autorizaciones.

Locales VIP

Desde hace siete años, indígenas triquis desplazados de San Juan Copala han ocupado en distintas ocasiones el corredor exterior del Palacio de Gobierno para protestar, instalar sus viviendas y además sus puestos de venta.

Desde hace un año, un grupo que encabeza Reyna Martínez regresó y se apoderó del ala derecha; hace al menos cuatro meses, otros dos grupos ocuparon la parte izquierda.

Ahí, de acuerdo con Pablo Calderón, poco o nada se puede hacer, ya que existen mesas de diálogo entre estos grupos con autoridades del gobierno del estado que se verían afectados en caso de intervenir. A la par de ello, desde el trienio de Javier Villacaña (2013-2016) se ocupó de manera ilegal la acera derecha de la calle Flores Magón y la izquierda, a un costado del Palacio de Gobierno, y los protestantes ya invadieron otra parte del frente.
En la calle de Bustamante también ya tenían prácticamente copadas ambas aceras, hasta que hace un mes fueron retirados de manera pacífica.

“Nos extorsionan”

 Pese a los esfuerzos que las autoridades aseguran realizar, la problemática está lejos de solucionarse, pues cada día aumenta el número de comerciantes informales, afirma Giovani Rojas Méndez, líder de la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), quien además señala que tan solo de la agrupación que representa son 500 vendedores ambulantes y más de la mitad están ubicados en el Centro Histórico.

Comenta que él avala los operativos, no obstante, asegura que no han funcionado debido a la corrupción en el área de inspectores, quienes a diario piden cuota de 50 a 100 pesos a los comerciantes para permitir su permanencia. “Muchos operativos tienden a favorecer las malas costumbres de los inspectores, quienes se aprovechan de la necesidad de la gente”.

Proyecto fallido

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 80.3% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad, por lo que, más que operativos en el Centro Histórico y regularización de puestos, se necesitan políticas públicas integrales para combatir la situación.

En el anterior trienio que encabezó Javier Villacaña Jiménez, el presidente municipal planteó una reubicación, incluso declaró en distintas ocasiones que ya contaba con 60 millones aportados por el gobierno federal; sin embargo, abandonó el cargo antes de consolidar la iniciativa.