Los organismos sostuvieron que estas medidas son contrarias a la Constitución Política de México, así como al “andamiaje” internacional para la protección de los derechos humanos.
Este decreto, afirmaron, “es una política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a sus familias”.
En cambio, demandaron al gobierno estatal asumir una política social que permita a la gente quedarse en sus casas.
En su manifiesto reclamaron que se debe garantizar la seguridad laboral y disminuir el riesgo de contagio del personal que labora en el sector salud, así también hacer del conocimiento público el presupuesto y acciones del gobierno de Oaxaca para hacer frente de manera integral los impactos de la pandemia, referente al incremento de la violencia de género, feminicidios, y garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado.
“Antes de presupuestar los multimillonarios apoyos para los empresarios, es prioritario atender a la mayoría de la población afectada por el aislamiento, como las personas empleadas en el sector informal o con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal”, afirman.
A los diputados que conforman la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, les exigieron legislar para obligar al gobierno a atender como prioridad la salud y la vida de la población; vigilar el uso los recursos y cuidar que las medidas económicas beneficien a los sectores realmente necesitados.
Denunciaron que en la emergencia sanitaria ha aumentado la violencia contra las mujeres sin que exista una política clara dirigida a prevenir, atender y sancionar las agresiones por razón de género en el contexto del confinamiento, “omisión que en sí misma es también una manera de violencia de género cometida desde las instituciones del estado”, advirtieron.