“El Poder Ejecutivo de Oaxaca, el año pasado nos restituyó nuestras inscripciones; sin embargo, todavía está por resolverse una serie de amparos que nosotros promovimos por esos hechos, incluido uno que está radicado en el Segundo Juzgado de Distrito, con el juez Fidel Gallegos Figueroa, quien en su momento resolvió que esto no se trataba de alguna violación de derechos humanos, que le revocaron esa resolución y le obligan a tomar todas las pruebas para resolver”, explican.
Según la familia, respecto a sus propiedades también siguen abiertos diversos procesos legales para que puedan tener en sus manos el patrimonio que les fue arrebatado y del que resultó beneficiado el notario público Jorge Merlo.
“De un inmueble, el uso y disfrute no ha sido interrumpido y de otro habíamos solicitado hace tres años la restitución de nuestro patrimonio y todavía no se concreta”, subrayan.
Los hermanos insisten en que Merlo no pudo haber actuado solo, por lo que explican que ellos siguen bajo riesgo mientras no se ejerza acción penal en contra de otros actores.
“Todos esos factores reales de poder siguen sueltos, esa amenaza sigue latente, por eso nos hemos desaparecido de Oaxaca e, incluso, de lugares donde ya nos tenían ubicados fuera del estado”, exponen.
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