Aborto legal en Oaxaca. A dos años de despenalización, derecho de todas pero acceso para algunas

Oaxaca de Juárez.– A dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca, el 25 de septiembre de 2019, el acceso real y ejercicio de este derecho aún está lejano y condicionado en función de  las diferentes realidades que viven las mujeres en el estado, coinciden activistas.

Según el Congreso de Oaxaca, tras la despenalización y hasta  junio de 2020 se realizaron mil 879 abortos en  hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), sin que se especificara  si fueron  procedimientos voluntarios; mientras que en el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se practicaron 76 abortos por causas médicas.

Unos días previos a la Jornada de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, las colectivas feministas señalan que la pandemia por Covid-19 ha obstaculizado aún más el acceso al derecho a decidir, lo que se suma a la desigualdad estructural que impera en la entidad. 

Elizabeth Ochoa, representante de Las Consejeras, comenta que además de la emergencia sanitaria, las condiciones de vulnerabilidad impiden el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Menciona, por ejemplo, que hombres transgénero  y mujeres con discapacidad  han visto disminuido el acceso a este derecho. 

Una muestra de cómo el acceso a un aborto legal siempre ha estado vinculado a las condiciones materiales que vive cada mujer son los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que indican que del mes de abril de 2007 al 31 de julio de 2020, se realizaron 389 interrupciones legales del embarazo a usuarias provenientes de Oaxaca.

Es decir, por muchos años, aún cuando el aborto estaba penalizado en Oaxaca, quienes contaban con los medios o el acompañamiento para trasladarse a la capital del país, podían tener acceso a este derecho, el resto tenía como opción la cárcel o la clandestinidad. 

En el papel, esto cambió, pues Oaxaca se convirtió en 2019 en el segundo estado del país en despenalizar el aborto, después de la Ciudad de México.A  dos años de este logro histórico para la entidad, se sumaron Hidalgo y Veracruz, pero el acceso aún está lejos de ser una realidad en estos tres estados. 

“Los desafíos se vuelven obligaciones para el Estado Mexicano. Y como activistas no debemos quitar el dedo del renglón. Esto es un derecho de las mujeres y personas gestantes”, apunta Elizabeth Ochoa.

El privilegio de la centralidad

Para activista Maira Miranda, es importante que se reconozca que aunque el aborto ya no se penaliza en la entidad, sólo es en la capital de Oaxaca donde se cobija a las  oaxaqueñas que buscan interrumpir procesos de gestación, y por ello hacen falta acciones para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, en las diferentes regiones. 

Viridiana García, también activista, coincide y agrega que en la entidad la Marea Verde se ha enfrentado a diversos retos que derivaron en la aprobación de las modificaciones al código penal. Jornadas de sensibilización, información, visibilización y otras acciones, enmarcaron hace dos años la aprobación de las reformas, recuerda. 

“La despenalización  era un tema necesario para Oaxaca, pues el acceso a la salud sexual de las mujeres es totalmente diferenciado por cuestiones territoriales. Los hospitales de primer nivel no están en todas las regiones y son inaccesibles para muchas mujeres”, apunta.

No se equivoca, hasta ahora los hospitales públicos en la entidad no cuentan con protocolos para la atención de casos de interrupción voluntaria de embarazos. Y apenas  el 22 de septiembre, dos años después, el Congreso aprobó reformar la Ley Estatal de Salud, que pretende aplicar el protocolo para garantizar que los SSO brinden el acceso a la ILE en todo el estado y de una forma gratuita. 

Según Mayra Aldaz, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos  (Ddser),  en Oaxaca  sólo el Hospital Civil practica la  interrupción del embarazo.  Será hasta la publicación de la reforma a la Ley de Salud recién aprobada que se asigne presupuesto para la ILE y se elimine la objeción de conciencia.

Es por ello que, a pesar de la legalización del aborto, las activistas han formado nuevas acompañantes que brindan asesoría y redes de  apoyo a mujeres que quieren vivir el proceso de manera privada, sobre todo ante la pandemia.

“Ha sido parte de la lucha que hemos venido empujando, pero ello no ha impedido que dejemos de brindar información, asesoría y acompañamiento autónomo brindado por mujeres. “Seguimos empujando desde diversos frentes”, finaliza.