Abre minera proceso judicial contra Semarnat para rectificar permiso en Oaxaca; bajó de 12 a 2 años
El director de la compañía Fortuna Silver Mines, Luis Camargo, sostiene que se trata de una acción ilegal
San José del Progreso.— La Compañía Minera Cuzcatlán inició un proceso judicial para que se anule o rectifique el documento en el que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informa que cometió un error tipográfico en la Manifestación de Impacto Ambiental original (MIA), en la que otorga una ampliación de 12 años para la operación de la empresa, ya que en realidad se trató de una ampliación de dos años.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director de la compañía y representante en México de Fortuna Silver Mines, Luis Camargo, sostiene que se trata de una acción ilegal. “Por eso la empresa sigue solicitando a través del medio judicial que se anule esta segunda notificación. Eso está en proceso”.
El directivo también niega que existan anomalías en el proceso ante la Semarnat para regularizar 73 obras en la mina, en el contexto de un aumento en la producción, contratación de más personal y cambio de un sistema húmedo a seco, para obtener mayor sustentabilidad en el aprovechamiento del agua.
Un informe presentado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, señala que hay 75 obras irregulares de las 80 que comprende el proyecto original. También señalan que hay deterioro ambiental en la región a causa de la actividad minera.
Foto: Mario Martínez
Por ello, solicitaron a la Semarnat que negara la continuidad de operaciones de la mina y acusaron a la institución de incumplir su compromiso de realizar una consulta entre las comunidades y pueblos indígenas del valle de Ocotlán.
Sobre las obras irregulares, Luis Camargo explica que la empresa decidió en 2016 cambiar de proceso húmedo a proceso seco “porque tenía la misión de cuidar el agua.
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“Con eso tuvimos que crecer el comedor, crecer los baños; tuvimos que crecer áreas comunes porque teníamos más trabajadores. La parte de alimentación, de trituración, tuvimos que mejorar las condiciones de control de calidad. Esas obras que se van juntando sí son 75”.
Afirma que las obras se hicieron con la conciencia y aceptación de las autoridades de ese momento. “Hay documentación para eso. Esas obras, el acuerdo que había entre la empresa y la Profepa en ese momento era que haríamos todos los ajustes necesarios y que vendría en el año 2017 para hacer una inspección completa con incremento de producción”.
En 2017, Profepa hizo la inspección y pidió a la compañía solicitar a la Semarnat una MIA de regularización de esas obras, la cual se llamó San José II, con lo que explica que nunca hubo un segundo proyecto minero.
Foto: Mario Martínez
“La empresa va a Semarnat, pero como el origen de la MIA sale de la Semarnat de Oaxaca, nosotros interpusimos solicitud de regularización de la MIA en la Semarnat de Oaxaca”.
En 2020, cuenta, la delegación local de la Semarnat se declaró incompetente porque con el cambio de administración federal, la solicitud debía realizarse en la Ciudad de México. En 2021, negó la regularización de las obras; esto, según Luis Camargo, se debió a la presión que ejercieron organizaciones.
“Entramos con otra solicitud porque consideramos que no era correcto negar esta MIA a la actualización de la MIA. El 10 de diciembre de 2021, la autoridad decide acatar esta solicitud y con eso regulariza las 73 obras, y después, el 17 de diciembre, la Semarnat de Oaxaca nos otorga la ampliación de plazo para la MIA original de operación porque nuestra MIA original venció en octubre de 2021, y hasta diciembre pudimos seguir operando porque había amparos de los trabajadores que sostenían la continuidad de la operación”.
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Respecto a la consulta indígena, el director país dice que la Semarnat sí la promovió, pero nunca la formalizó y algunas comunidades “rechazaron la consulta” bajo la forma planteada.
Foto: Mario Martínez
“Semarnat no tenía fundamento jurídico para seguir con el proceso de consulta indígena.
Como ya había autorizado las obras, entonces tampoco había materia para hacer una consulta porque sólo podría ser sobre esas 73 obras, no sobre la extensión de la MIA original, porque la extensión de la MIA original era un trámite de ventanilla. No hay soporte legal para hacer una consulta indígena, por eso no es necesario hacerla”.
