Abuso sexual infantil: en Oaxaca víctimas dejan la niñez en espera de justicia que no llega

Sociedad | 15-06-22 | 19:06 | Actualizada | 16-06-22 | 05:06 |

Christian Jiménez/Corresponsal

Oaxaca de Juárez.– “Temo por mi hermano, porque cuando yo estaba con él, veía cómo mi padrastro le pegaba… y antes de que le contara a mi abuela lo que estaba pasando, noté cambios que también pasaron conmigo, se comportaba mal, le iba mal en la escuela, se empezó a distraer y comencé a sospechar que le hacía lo mismo que a mí”, narra Mónica, víctima de abuso sexual y quien mantiene una exigencia de justicia que ha durado años.

Mónica tiene ahora 16 y cursa el tercer grado de secundaria. Hace cuatro años, cuando tenía 12, fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Gregorio “N”, pastor evangélico de San Francisco Tutla, contra quien inició un proceso penal.

Tímida y con voz baja, Mónica recuerda que aquel día estaba en la casa que compartía con su madre, su pareja y su hermano menor. Su mamá tuvo que salir a un tequio de la primaria donde ella estudiaba, dejándola bajo la supervisión del hombre, quien aprovechó la ausencia para abusar sexualmente de ella.

Lo que vivió Mónica es una realidad que se repite en México y en Oaxaca. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hasta 2021 el país ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Mientras que la organización Reinserta señala que Oaxaca es cuarto lugar nacional en abuso sexual contra niñas.

Además, datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que 12.2% de las niñas que han sido abusadas por sus familiares en el país son de Oaxaca, porcentaje sólo superado por Guerrero (13%), Michoacán (13.3%) y Chiapas (13.8%).

Asustada, Mónica pidió ayuda a su abuela, quien la escuchó y al día siguiente decidió acompañarla a denunciar lo sucedido ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Desde el 9 de abril de 2018, cuando se inició la carpeta de investigación, cuatro agentes de Ministerio Público han llevado el caso.

También desde entonces, Mónica tuvo que abandonar la casa familiar y mudarse con su abuela, pues su madre no le creyó e incluso va a declarar en su contra, la situación que más la angustia.

“El proceso ha sido difícil, sobre todo porque mi mamá va a declarar contra mí. Es difícil saber que no me cree… me hace falta”, narra.

El académico en criminología y antropología social, Tilemy Santiago, quien acompaña a Mónica y su abuela en el proceso legal, explica que Gregorio “N”, padrastro de Mónica y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, es también pastor de la iglesia cristiana Una mirada desde el cielo.

Además, en múltiples ocasiones Mónica ha sido revictimizada y ha padecido violencia institucional de parte de ministerios públicos, quienes han desestimado la imputación; mientras que la reparación del daño quedó establecida en 10 mil pesos, equivalentes a 20 sesiones de terapia sicológica, estimadas en 500 pesos cada una, pese a que inicialmente se había establecido que sólo en la etapa inicial la víctima recibiría 30 sesiones.

Situaciones como las que enfrenta Mónica son las que orillan a que, aunque la mayoría de los casos como éste suceden en el hogar, pocos son los que se denuncian, según la Clínica de Atención Psicológica y de Terapias Alternativas (CAPTA) que atiende abuso sexual infantil.

En los encuentros con la MP a cargo del caso, Mónica ha externado su preocupación por la seguridad de su hermano Rodrigo, de 11 años, quien ha sufrido violencia física de su padrastro, pero no se le han aplicado medidas de protección y sigue viviendo en la misma casa del agresor.

“La ministerio público que estuvo a cargo del caso, cuando Mónica externó la preocupación por su hermano, le dijo que primero se enfocarían en su caso y después atenderían el tema del niño, exponiéndolo y arriesgando su seguridad”, indica Tilemy Santiago. Lo anterior, porque pese a ser detenido, tras pagar una fianza de 6 mil pesos, Gregorio “N” continuará su proceso en libertad.

El académico explica que el imputado ha presentado pruebas como fotografías sin validez, que han sido aceptadas, y ha negado estar casado con la mamá de Mónica, pues su matrimonio sólo se realizó ante la iglesia cristiana, pero no por la vía civil.

A las irregularidades se sumó la pandemia, por la que se pospuso el primer juicio, programado para septiembre de 2020. Luego se celebró una audiencia intermedia, donde fueron presentadas las pruebas de la defensa, pero Mónica y su equipo legal no fueron notificados.

“Queremos que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de infancia y de género. En la Fiscalía aceptaron pruebas sin verificar su veracidad. No podemos comprobar que hay corrupción, pero la situación es anómala y hay revictimización”, acota el académico.

Abunda que se deben considerar las características de Mónica cuando se cometió el delito, pues era una niña de 12 años.

El Código Penal del Estado de Oaxaca señala en su artículo 241 que el abuso sexual infantil implica una sanción de hasta cinco años de prisión y de 50 a 200 salarios mínimos. Las sanciones aumentan a 50% cuando hay violencia física o cuando se trata de una persona menor de 12 años, por lo que se establecerían en hasta siete años de prisión.

El pasado 9 de junio se llevaría a cabo una audiencia de debate en el Centro de Justicia Manuel Sabino Crespo; sin embargo, fue pospuesta a petición del acusado, pues argumentó cambios en su equipo de defensa.