Acusan al edil de Ixhuatán, Oaxaca, de amenazar a organizaciones sociales que luchan por acceso a la energía eléctrica

La Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños denunció que el presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus, amenazó con usar la violencia contra las personas e integrantes de organizaciones sociales que protestan y luchan por el acceso a la energía eléctrica y los derechos colectivos.

En un video, el edil culpó a las personas que “roban luz” o que no pagan el servicio de energía eléctrica, pero que están adheridas a una organización social y no se les puede cortar el servicio, de las fallas en el servicio de energía eléctrica en algunas zonas de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Durante la grabación, Felipe López mencionó que cuando se realiza el corte de energía eléctrica en un domicilio que no paga el servicio, inmediatamente llegan miembros de organizaciones sociales como Sol Rojo o el Frente Popular Revolucionario (FPR) a impedirlo con machetes. Y agregó que en respuesta él les ha dicho a las organizaciones sociales llegan con machetes, él también llegará con machetes.

Lee: "La deuda del Estado con María del Sol sigue intacta": Soledad Jarquín, a ocho años del asesinato de su hija

“Cuando desconectan del transformador o de la red a alguien que está con el Sol Rojo o con alguna FPR o con alguna organización de esas que roban luz, vienen toda la bola de ladrones que pertenecen a la organización y el machete les quieren hacer. No, aquí en Ixhuatán no, les dije: si ustedes van con machete, nosotros también vamos a ir con el machete, pero sobre ellos, porque no podemos permitir en Ixhuatán que esas organizaciones sigan dañando el tema de Ixhuatán y lo digo con mucho respeto”, afirmó.

El edil informó que firmó un documento en el que respalda los cortes de energía eléctrica a la gente que esté robando luz.

“Porque por los que están robando luz, curiosamente, los que roban luz, tienen luz, y los que están pagando, no tienen luz. Ese es un tema que a mi me pesa también, pero tenemos ahí una complicación. El problema es justamente que los problemas están en las zonas donde tenemos menos gente pagando luz, eso lo tengo que decir y que me disculpen porque así es. Y es lo que yo digo, en las zonas donde hay más problemas con el robo de energía y menos pagos es donde ahorita tenemos los problemas, por el tema del transformador”.

Para la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños las palabras del presidente municipal de Ixhuatán son una amenaza contra las organizaciones sociales.

Habitantes de 5 colonias de Tehuantepec, Oaxaca, protestan por cortes de energía eléctrica de la CFE

Y señaló que ninguna autoridad, independientemente de su filiación política o nivel de gobierno, debe recurrir a discursos que promuevan la confrontación o que puedan interpretarse como amenazas hacia personas organizadas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas o integrantes de comunidades.

“La responsabilidad de quienes ejercen un cargo público es garantizar la paz, generar condiciones para el diálogo y privilegiar la solución pacífica de las diferencias.

“Las expresiones vertidas en contra de organizaciones sociales no sólo representan un acto de intolerancia política, sino que se inscriben en una lógica de necropolítica, donde desde espacios de poder se normalizan discursos de violencia que buscan disciplinar, intimidar o desmovilizar a quienes cuestionan las decisiones de las autoridades o defienden causas colectivas”.

La Red advirtió que cuando se señala públicamente a organizaciones y movimientos sociales como adversarios a vencer, se generan condiciones que ponen en riesgo la integridad de las personas y se debilitan los principios democráticos fundamentales.

También puedes leer: ¿Cuánto cuesta visitar el Tule, el árbol más grande del mundo?

“Por ello, vemos con preocupación cualquier intento de criminalizar las luchas sociales o desacreditar a quienes ejercen su derecho a la libre expresión, a la protesta y libertad de asociación”.

E hizo un llamado a las autoridades estatales y a los organismos de derechos humanos para que se mantengan atentos a esta situación, garanticen la protección de las personas y organizaciones señaladas y promuevan mecanismos de diálogo que permitan atender las demandas sociales sin recurrir a la confrontación.