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“Derivado de nuestra queja se integró el expediente CNDH/2/2020/5068/Q, del que el 26 de abril de 2022, luego de un año y nueve meses, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y para Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca”, señaló.
En el documento se acusa además que la CNDH omite también argumentar su recomendación desde un enfoque de pluralismo jurídico, dado que en todo el cuerpo del documento evita reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y en consecuencia omite también recomendar la protección del pueblo indígena ikoots.
El 21 de junio de 2020, la comunidad de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio ikoots de San Mateo del Mar, despertó consternada por el asesinato de 15 personas, quienes fueron lapidadas, incineradas y asesinadas con disparos de arma de fuego, pese a que inicios del mes de mayo de ese año, diversas voces pedían medidas cautelares para esa población.
Horas antes de esa masacre, recordó Miguel Ángel García Aguirre, los elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como policías municipales, realizaban patrullajes en la zona, pero fueron omisos para detener la masacre y ahora, en su resolución, la CNDH “busca proteger a la Guardia Nacional y proteger su propia imagen”.
García Aguirre reprochó también “la omisión y negligencia de la propia CNDH, al haber sido advertida con suma anticipación, de la grave y delicada situación existente, habiendo recibido desde el mes de mayo 2020, la solicitud formal de urgentes medidas cautelares para el pueblo ikoots de San Mateo del Mar, solicitud que ignoró hasta que sucedieron los lamentables hechos”.
“Externamos nuestra indignación pública en relación al actuar político de la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que notoriamente busca proteger la institución de la Guardia Nacional y proteger su propia imagen, más que cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos humanos individuales y, sobre todo, colectivos, en nuestro país”, enfatizó Miguel Ángel García.
Esta la segunda ocasión que desde Oaxaca se acusa a la CNDH de evitar hacer recomendaciones a instancias y dependencias del gobierno federal, luego de que en marzo pasado dio a conocer un documento donde pide al gobierno de Oaxaca, así como al del municipio de Juxtlahuaca y a la fiscalía estatal, concretar el retorno de 143 familias triquis desplazadas por violencia.
En ese documento, acusaron las víctimas de desplazamiento forzado interno, la CNDH omitió emitir recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), instancia federal responsable del retorno, a la cual se buscó exculpar desde el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra.
