Advierten riesgos para pueblos indígenas en iniciativa de reforma constitucional de la 4T
La organización Tequito Jurídico sostiene que con o sin reforma, las comunidades seguirán resistiendo, defendiendo sus territorios y luchando por sus proyectos
Oaxaca de Juárez.– La organización Tequio Jurídico advirtió riesgos para los pueblos y comunidades indígenas en la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) está llevando a varias comunidades indígenas en el país.
En primer lugar, mencionó la organización, sobre la consulta previa, libre e informada, la iniciativa propone dentro del apartado A del artículo 2° constitucional que regula el reconocimiento de la autonomía de los pueblos.
Para Tequio Jurídico debe suprimirse lo anterior y dejarse únicamente en el apartado B, sobre las obligaciones de las autoridades, porque así como está planteada, desafía la autonomía de los pueblos, no la respeta.
También denuncia que la propiedad intelectual colectiva es un concepto polémico, reflejo de la mercantilización de las tradiciones de los pueblos, que podría generar conflictos intercomunitarios cuando se pretenda privatizar el conocimiento colectivo construido a lo largo de generaciones; por lo que ello debe suprimirse completamente de la iniciativa.
Respecto al cambio climático, protección de la biodiversidad y palabras como la “sostenibilidad”, si bien la organización reconoce el grave problema que enfrenta el planeta, estos conceptos, limitados a los territorios indígenas, se han usado para mercantilizarlos e imponer proyectos energéticos.
Mientras que en el nuevo régimen fiscal especial para las comunidades y pueblos indígenas se corre el riesgo de imponer más obligaciones fiscales que antes no tenían y trasladar los conflictos que se viven en los municipios a las agencias, derivados de la descentralización de recursos municipales, si no existe una planeación participativa.
Y finalmente, sobre la ausencia de límites a los proyectos de desarrollo o inversión sobre territorios indígenas, con un marco jurídico nacional e internacional acomodado a los intereses de las empresas, esta omisión es importante. Por otro lado, tampoco se incluyó el respeto a la decisión de las comunidades y pueblos cuando se nieguen al desarrollo de un proyecto, sea o no resultado de una consulta.
“La propuesta es muy grande y tiene varias ideas que generan mucha duda, como lo relativo al sistema electoral y a temas como la radiodifusión y telecomunicación, en los que la autonomía ha sido frecuentemente obstaculizada”.
Entre los aspectos positivos de la reforma, Tequio Jurídico menciona el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público; la inclusión explícita de las mujeres, sus derechos -incluidos los relacionados con la tierra y el territorio- y del pueblo afrodescendiente; el reconocimiento de la relación especial de los pueblos indígenas con el territorio.
Así como, la inclusión en el artículo 27 del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras, territorios, recursos y bienes naturales. Aunque el dominio de la “Nación” sigue obstaculizando la defensa de la vida, este reconocimiento podría apoyar varias acciones de defensa; y el reconocimiento de la jurisdicción indígena, incluso penal.
Tequio Jurídico advierte tres escenarios. El primero y más lejano, es que se reforme la constitución como lo plantea el INPI en esta iniciativa; el segundo y más posible, es que se aprueben cambios a la Constitución sin avances sustanciales para los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, traicionando una vez más a quienes la respaldaron; y el tercero es que esta propuesta termine como un archivo más del Congreso federal.
“Creemos en la organización de los pueblos indígenas y en el fortalecimiento de su autonomía, enraizada en una diversidad de luchas, historias y prácticas colectivas ancestrales que van más allá de la iniciativa, e incluso del sistema jurídico mexicano”, agregó.
También manifestó que como organización no creen en la buena voluntad de este gobierno hacia los pueblos indígenas, “pues es la continuación del mismo sistema político y económico que ha generado desigualdad, exclusión y despojos históricos de sus territorios, cuya máxima concreción se dio con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y continúa con la permanente expedición de leyes y firma de tratados comerciales que obstaculizan cambios progresivos para la defensa de los pueblos”.
De la misma forma, coincidieron con quienes piensan que el impulso de una reforma constitucional sin plantear una crítica al modelo capitalista, se queda en el discurso.
“La iniciativa puede colocar al actual gobierno como un gobierno de avanzada, aun con el riesgo de no aprobarse en los términos planteados; desconfiamos de las consultas hechas a prisa, sin que exista tiempo suficiente para que las comunidades reflexionen a fondo el contenido de la iniciativa y se limiten solo a firmar que la apoyan. Así fue en la región chontal”.
Además, sostiene que en muchas ocasiones las leyes y la Constitución se quedan en papel y jamás pasan a la práctica, por lo que nada de lo que ahí se diga es garantía de que viviremos un país más justo, con pleno ejercicio de los derechos indígenas.
“No olvidamos que dentro del proceso legislativo que se desarrolla en el Congreso federal se mueven grandes intereses partidistas, empresariales y políticos; casi siempre contrarios a la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas. Si la iniciativa se vuelve trascendental, harán hasta lo imposible para que no se apruebe”.
Aún así, Tequito Jurídico sostiene que con o sin reforma constitucional indígena, las comunidades seguirán resistiendo, defendiendo sus territorios, luchando por sus proyectos de vida que desafían al capital y a los proyectos de despojo y destrucción, “como lo han hecho hasta ahora en sus contextos y posibilidades de defensa desde abajo”.
