También, advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha encontrado que los gobiernos estatales carecen de una visión y política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres.
“De esta manera identifican retrasos injustificados en las actuaciones judiciales, vacíos e irregularidades en las mismas que obstaculizan el procedimiento penal y la sanción de los casos, aunado a la falta de administración de recursos económicos y humanos para llevar a cabo las investigaciones, esto es indispensable para que en la investigación de los hechos el culpable no quede impune y que repare los daños causados”.
“Es importante que dicho protocolo se actualice a través de procedimientos específicos para regular y unificar las actuaciones del personal sustantivo de la Fiscalía General, a través de niveles de especialización con la finalidad de garantizar una actuación en cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, para que dichas actuaciones sean coordinadas y orientadas en beneficio de la procuración de justicia que exige la ciudadanía oaxaqueña”.
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