Buscan 182 propietarios de tierras en Oaxaca renegociar contratos con Eólica del Sur

Juchitán de Zaragoza.– Un total de 182 propietarios de tierras en esta ciudad zapoteca buscan renegociar los contratos de arrendamiento que mantienen con la empresa Energía Eólica del Sur S.A.P.I. De C.V., la firma detrás del parque eólico más grande de América Latina, y que ésta cumpla con sus promesas de diversos beneficios para los arrendatarios; de lo contrario, advierten el inicio de un proceso para rescindir esos contratos.

Energía Eólica del Sur paga a los indígenas zapotecas de esta población del Istmo de Tehuantepec 958.33 pesos mensuales por cada hectárea en las que mantiene en operación los ventiladores generadores de la energía eléctrica y por el concepto “derecho de aire”. Los contratos que los propietarios firmaron con la empresa establecen un pago anual de 11 mil 500 pesos por cada hectárea, los cuales se pagan de manera trimestral con la cantidad de 2 mil 875 pesos.

A esto se suma que los propietarios tienen incertidumbre sobre la propiedad de sus tierras, ya que según la empresa, sus terrenos están hipotecados – algo que no tienen claro por qué – y desconocen si su figura es de arrendatarios o si están bajo la figura de socios.

Pero no es el único problema que enfrentan. La primera vez que se atrevieron a exigir una reunión con los representantes legales y administrativos de la empresa para renegociar los contratos, y ante la negativa, que los obligó a tomar las instalaciones de la subestación en el año 2018, dos de los indígenas zapotecos fueron arrestados y vinculados a proceso por los delitos de extorsión, asociación delictiva, secuestro y despojo, pese a que son dueños de las tierras.

Mariano Cabrera Nieto y Arturo Martínez Ruiz obtuvieron su libertad un año después de estar recluidos en el centro penitenciario de Tanivet, luego de firmar un acuerdo con la empresa en la que se comprometían a cesar en sus protestas; el resto, tuvo que aceptar firmar una orden de restricción para no acercarse a las instalaciones de Energía Eólica del Sur ni a sus trabajadores.

Una de las propietarias de dos hectáreas usufructuadas por esta empresa, Leticia Martínez Ruiz, explica que el proceso de instalación de este proyecto eólico considerado el más grande de Latinoamérica, tiene una serie de irregularidades y engaños hacia los propietarios de las tierras.

El proceso inició desde el año 2013, narra. Energía Eólica del Sur contrató a un grupo de personas de Juchitán de Zaragoza para iniciar con el proceso de convencimiento para aceptar el proyecto. Ese año, los propietarios aceptaron firmar, bajo la promesa de trabajo para sus hijos y otros beneficios económicos, un primer contrato anual de mil pesos por apartar sus tierras hasta el inicio de la construcción e instalación de los aerogeneradores.

Fue hasta tres años después, en 2016 y 2017, que el gobierno federal inició la consulta pública con la comunidad para determinar si aceptaban o no la ejecución del proyecto. Al siguiente año, en el 2018, fue que inició la etapa de construcción del proyecto, y entonces les empezaron a pagar 7 mil 500 pesos por hectárea anual.

Fue en ese mismo año en que los propietarios de las tierras iniciaron su movimiento para exigir un pago justo por la renta de sus tierras y que se cumplieran las promesas de trabajo para sus hijos, entre otros beneficios. Lo que lograron fue el pago de 11 mil 500 pesos anuales por hectárea, una vez que estuviera en operación el parque eólico.

“El ingeniero Eduardo Centeno, que es el apoderado de la empresa a nivel nacional, él nos prometió verbalmente que todos los propietarios, que todos los comuneros, los hijos de comuneros iban a tener trabajo. Eso fue lo primero que nos dijo para que nosotros le entráramos al proyecto; pero no fue así. De ahí nos prometieron que todo iba ir bien, que íbamos a estar bien pagados, que todos los beneficios íbamos a tener. Prueba de ello es que no es así.

“Yo tengo a mis hijos que están estudiando y tengo que luchar para sacarlos adelante, cuando ellos están sacando miles y miles de pesos sobre mis tierras, sobre nuestros terrenos, porque nosotros estas tierras fueron hipotecadas, están hipotecadas, están en un proceso para que pudieran tener ese parque, para que pudieran salir adelante”, afirma Leticia Martínez.

Adicionalmente, asegura, hay otras anomalías en los pagos. Particularmente en un pago extra que se realiza cada año por concepto de “apoyo social”, el cual se entrega en efectivo a través de una persona llamada Ramón Cruz Martínez, administrador de la empresa en Juchitán, conjuntamente con el comité de personas de la localidad que desde el año 2013 trabaja para la empresa. Este año, agregó, les pagaron por ese concepto la cantidad de 13 mil 400 pesos; mientras que en otros parques eólicos más pequeños pagan 30 mil pesos por este concepto y la entrega se realiza a través de un cheque.

Desde el año 2018 y tras las órdenes de aprehensión ejecutadas contra los dos propietarios de tierra y los acuerdos firmados para su liberación, la empresa se ha cerrado al diálogo con los arrendadores para renegociar los contratos.
Leticia Martínez señala que entonces, si ya no hay ningún tipo de relación con la empresa, los contratos deben rescindirse.

“La denuncia que estamos haciendo y la inconformidad que siempre ha sido es que no han atendido nuestras peticiones, todo lo que nosotros hemos pedido a la empresa, no ha resuelto nada y ellos se han cerrado y ya tenemos varios años de estar en este proceso; pero vamos a seguir.

“Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, como ya no hay una relación con la empresa, porque no tiene un interés de reunirse con nosotros, lo que estamos pidiendo todos los compañeros es que se rescinda los contratos, que los contratos sean anulados”.