Oaxaca de Juárez.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló a través de un comunicado que el
caso de Fanny L. N., la joven mixe que presuntamente fue
asesinada en la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la microrregión mixe, puso en evidencia la necesidad de establecer intervenciones institucionales que permitan brindar una atención y protección integral a víctimas que enfrentan violencias múltiples, para garantizar el pleno desarrollo físico y mental de las mujeres.
El cuerpo de Fanny fue encontrado el pasado domingo y aunque se presumía, se trató de un suicidio, activistas y organizaciones presionaron a la fiscalía local para reclasificar el delito como un feminicidio. Más tarde la dependencia indicó que el hecho se investiga con perspectiva de género.
Ante ello, el organismo autónomo detalló que la aplicación de enfoques de género, infancia y adolescencia, así como interculturales, permitirá atender las particularidades de los casos considerando los contextos específicos de las víctimas.
Asimismo, urgió atender de manera integral y aplicando protocolos con perspectiva de género e infancia y adolescencia, los casos de violencia contra mujeres adolescentes, en los que existan uniones tempranas que pueden, además, configurarse en delitos.
La DDHPO recordó que las instituciones de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de priorizar y garantizar el interés superior de la niñez en hechos violentos en los que estén implicados niñas, niños y adolescentes, por lo que es perentorio aplicar las medidas necesarias para brindar protección eficaz y salvaguardar su integridad física, psicológica y psicosocial.
Así también, la Defensoría indicó que, pese a estar prohibidos los matrimonios civiles de menores de edad en
Oaxaca, desde 2013, es una realidad la existencia de uniones tempranas entre una adolescente con un adulto.
Se estima que en Oaxaca cuatro de cada 10 uniones matrimoniales, involucran a una persona menor de edad.
Éstas están consideradas por la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como forzadas, debido a la inhabilidad de consentir por parte de las adolescentes, por lo que se configura como una forma más de violencia por razones de género y un delito en el caso de Oaxaca.
“Estos actos deben ser considerados también como una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues afecta su calidad de vida, su desarrollo inclusivo, autónomo, así como su salud física, sexual y reproductiva”, reitera el organismo defensor.
Asimismo, la DDHPO sostuvo que en la mayoría de las ocasiones la unión temprana genera situaciones de violencia doméstica, física, psicológica, social y sexual, debido a los desequilibrios de poder derivados de las diferencias de edad que tienen con sus parejas.
Lo anterior toda vez que Fanny, quien tenía 16 años de edad, era madre de un bebé de seis meses.
Respecto a los embarazos adolescentes que resultan de las uniones tempranas, el informe de la Oficina Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, advierte que son una forma de violencia estructural contra las niñas y adolescentes, porque en realidad ninguna niña o adolescente decide estar embarazada, por ello la sociedad debe generar conciencia colectiva que cuestione y rechace el abuso sexual de niñas y adolescentes, además de que desnormalice estas prácticas.
La Defensoría recordó que prevenir una unión temprana y un embarazo adolescente es una cuestión de derechos humanos, además de que es una problemática que debe dejar de estar invisibilizada en las políticas públicas, las cuales deben estar diseñadas para alertar sobre los riesgos y costos de las uniones y maternidades tempranas en la vida de las niñas y adolescentes.
