La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que dio un plazo de tres meses a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los que deberá realizar estudios de la calidad de agua del río La Arena ubicado en la Costa de Oaxaca, así como implementar un programa de monitoreo que permita garantizar su uso, “por lo que dichas actividades deberán contar con la infraestructura y equipo necesarios”.
El organismo también estableció que la dependencia deberá gestionar que en los presupuestos de los próximos dos años se asignen recursos para programas de alcantarillado, saneamiento y cultura del agua; llevar a cabo un inventario de los puntos de descarga de aguas residuales para identificar aquellos que sean clandestinos y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Asimismo, tendrá que fortalecer el acceso a servicios públicos eficientes para comunidades urbanas y rurales mediante el uso de tecnologías de fácil manejo y bajo costo de operación; hacer públicas las actividades emprendidas para el saneamiento del afluente.
La CNDH adelantó que la Conagua tendrá que colaborar en la denuncia que presente ante las instancias correspondientes por las omisiones en que han incurrido para el saneamiento y preservación del río La Arena.
En un comunicado, recordó que a través de una investigación constató la contaminación del río La Arena en la Costa de Oaxaca por descarga de aguas residuales y arrastre de desechos sólidos.
Estas condiciones en las que se encuentra el cauce, afirmó, vulneran los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua de los habitantes de las comunidades que pertenecen al municipio de Santiago Pinotepa Nacional.
Y detalló que por esta investigación se emitió la recomendación 168/2023 dirigida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional.
También explicó que el análisis realizado sobre el río La Arena fue el resultado de una queja presentada en noviembre de 2022 en la que una persona denunció que el afluente estaba contaminado por desechos industriales y basura, y que esto provoca olores desagradables que impactan en el entorno ecológico.
“A partir de las evidencias recabadas, la CNDH comprobó que las autoridades señaladas no han asegurado la disponibilidad y accesibilidad de los servicios básicos de alcantarillado, saneamiento y gestión de los residuos, lo que denota falta de medidas de vigilancia y sanción, vulnerando con ello los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua”.
En su recomendación precisó que se acreditó que las descargas residuales -en contravención a las normas aplicables-, las deficiencias en la gestión de los residuos, así como la degradación que producen en el ambiente, generan afectaciones hacia los demás seres vivos, el entorno y, particularmente, repercusiones en la salud de la población.
Además, dijo que, aunque la Conagua manifestó haber realizado una visita de inspección por descargas residuales, esta acción resultó insuficiente porque es la única efectuada durante cinco años y el problema persiste.
“Lo que denota la falta de vigilancia y la imposición de medidas efectivas para impedir que se sigan vertiendo aguas residuales sin autorización e incumplimiento a la normatividad aplicable”, agregó.
