Concesionarios y choferes presentan quejas ante la Defensoría de Oaxaca por la entrada en operación del Binni Bus

Concesionarios y choferes del transporte público urbano de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana interpusieron quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) contra la aprobación de reformas a la Ley de Movilidad y contra la implementación del nuevo sistema de transporte llamado Binni Bus.

Las quejas individuales y la queja colectiva van dirigidas contra el gobierno del estado, la Cámara de Diputados local y la administración del Binni Bus.

En la movilización frente a la DDHPO, explicaron que las reformas a la Ley de Movilidad debieron pasar primero por una consulta a la ciudadanía y a los afectados con estas reformas, en su caso, los choferes y concesionarios del transporte público.

Lee: El precio del limón en Oaxaca se desplomó hasta en un 50%, denuncian productores

"No fuimos tomados en cuenta para hacer una reforma, tampoco para la creación de este nuevo transporte", afirmaron.

También denunciaron irregularidades en la operación del nuevo sistema de transporte. Entre ellas, que tampoco fueron tomadas en cuenta y que se le asignó un carril para circular, pero por el cual no se deja transitar a las unidades concesionadas.

De acuerdo con los choferes, están en riesgo sus trabajos y se corre el riego de que no se respete su antigüedad laboral. “No queremos que se llegue a los despidos masivos”, expresaron.

Y finalmente, denunciaron que el gobierno del estado se niega a reconocer las concesiones para el servicio de transporte público urbano, que vencieron en septiembre de 2025, pese a que ya se cumplieron con los requisitos establecidos por la ley.

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

“Además que es un derecho porque hay empresas que tienen 50 años trabajando y no se pueden cortar de tajo”, apuntaron.

Los concesionarios y transportistas adelantaron que también presentarán quejas individuales y colectivas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y si es posible, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).