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Según la Defensoría, recibió vía telefónica la solicitud de intervención por parte de integrantes de la comunidad de Santiago Xiacui, por lo que envió a la zona a personal para que se entrevistará con las personas presentes, así como con las autoridades.
Destacó que la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, pero dijo que este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetar los derechos de terceros, para que no se pierda su legitimidad.
Y reiteró su llamado a los diferentes actores para que privilegien la construcción de la paz, “para lo cual es necesario realizar procesos de mediación basados en el diálogo, los cuales permitirán garantizar la paz a largo plazo, la gobernabilidad y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades”.
En un segundo comunicado sobre los hechos, luego de la difusión de los golpes y el uso de gases de parte de la Policía Estatal en contra de los manifestante, el gobierno de Oaxaca insistió que “es respetuoso de la protesta social y garantiza el derecho a la libre manifestación”, pero justificó el operativo, calificado como represión por los pobladores, asegurando que “no va a negociar con quienes pretenden tomar rehenes ni entregará recursos públicos a grupos sin representación legal o a quienes pretenden mantener cacicazgos y privilegios”.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, señaló que “no se negocia con grupos que cierran los accesos a Palacio de Gobierno y pretenden presionar tomando rehenes para lograr intereses particulares”.
Romero López explicó que por la mañana se atendió al grupo de personas de la cabecera municipal de Santiago Xiacuí, que plantearon su rechazo a la presencia de un Comisionado y exigieron los recursos para la cabecera municipal. Dijo que se les planteó ser atendidos de manera inmediata; no obstante, cerraron los accesos de Palacio de Gobierno.
Dijo que la acusación de que el Comisionado no había entregado recursos no es veraz porque todas las agencias ya los recibieron, y en el caso de la cabecera municipal, no hay a quien entregarlos legalmente, y que “este grupo no puede recibir dinero público porque no es autoridad, no son servidores públicos, no están nombrados”.
Según los dichos del funcionario, se les pidió a los manifestantes que liberaran una de las puertas del Palacio de Gobierno porque se encontraban más de 30 autoridades municipales, madres de familia y ciudadanos, pero se negaron.
“Los manifestantes rechazaron dialogar y se tomó la decisión de liberar una puerta del Palacio de lado de la calle Flores Magón para que salieran 300 personas, cerca de 100 madres que son trabajadoras del Gobierno del Estado y que tenían que ir por sus hijas e hijos a la escuela y algunos que tienen familiares enfermos”, se excusó.
