Defensoría de Oaxaca pide proteger a familia cristiana en Lalana ante persecución religiosa e intolerancia
Esto luego de un mes en que la comunidad no católica ha sufrido la quema de su templo, amenazas, retenciones y agresiones por autoridades de la agencia y miembros de la comunidad
Oaxaca de Juárez.— La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de una familia que profesa la religión cristiana distinta a la católica de la comunidad de San Isidro El Arenal, del municipio de San Juan Lalana.
Estas medidas cautelares se dan luego de un mes en que la comunidad no católica de esta población ha sufrido la quema de su templo, amenazas de expulsión, retenciones y agresiones por las autoridades de la agencia y miembros de la comunidad.
La DDHPO informó que ha documentado que con motivo de profesar una religión distinta a la católica, pobladores de San Isidro el Arenal, San Juan Lalana, han privado de la libertad a un grupo de personas, entre ellos a mujeres, niños, y una persona mayor con discapacidad, además de que ingresaron a sus viviendas con el objeto de destruirlas para finalmente expulsarlos de la comunidad, bajo el argumento de que “por usos y costumbres no está permitido profesar otra fe que no sea la católica”.
“Esta Defensoría considera que se violentan los derechos humanos a la dignidad, a la libertad (tanto física como de culto), a la integridad y seguridad personal, así como, a la propiedad de los agraviados”.
En las medidas cautelares, el organismo solicitó al Secretario de Gobierno de Oaxaca y al Presidente Municipal de San Juan Lalana, se realicen de forma coordinada las acciones necesarias, suficientes e idóneas para que salvaguarden los derechos de las víctimas a la dignidad, a la libertad (física y de culto), a la integridad y seguridad personales y a la propiedad.
Asimismo, que se garanticen a las personas afectadas condiciones de seguridad mínimas para que habiten y pernocten el tiempo que sea necesario en un alojamiento alternativo, en tanto se crean las condiciones suficientes para que éstos puedan volver a sus hogares.
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Y al Fiscal General del Estado de Oaxaca, que se inicien las indagatorias a fin de garantizar la protección de los agraviados y se les hagan de su conocimiento, “con la asistencia de un traductor en su idioma, las acciones a que tienen derecho y presenten, ratifiquen y/o amplíen las denuncias correspondientes, así como, desahoguen las diligencias ministeriales a que haya lugar en la integración de la carpeta de investigación iniciada”.
