Denuncian criminalización, militarización y narcopolítica sistematizada en Guerrero, Oaxaca y Chiapas
En un foro de activistas y ONGs en defensa del territorio indígena se ofrecieron testimonios y experiencias documentales de diversas víctimas de lo que llamaron la "triada criminal"
Oaxaca.- A través del Foro Público Defensa del Territorio y Criminalización de Personas Defensoras de organizaciones de los estado de Oaxaca, Chiapas y Guerrero denunciaron que existe en sur sureste de México, un proceso sistemático de criminalización, militarización y control territorial del narcotráfico ligado a gobiernos estatales en la imposición de megaproyectos.
Durante el encuentro de activistas en defensa del territorio indígena se ofrecieron testimonios, experiencias documentales y se expusieron rutas de trabajo para resistir ante lo que ellos consideraron "el funcionamiento de una triada criminal", conformada por los poderes estatales, el crimen organizado y las empresas privadas, muchas de ellas con capital extranjero que ha dejado durante los últimos años centenares de víctimas en las comunidades.
Entre los testimonios estuvo el de Mariela Vásquez, de Chiapas, quien presentó el caso de los presos indígenas tzentales de Cancuc, que por oponerse a la construcción de la carretera San Cristóbal - Palenque, fueron encarcelados y condenados a 25 años de prisión, violando el derecho a que se les impartiera la justicia con un intérprete en lengua indígena, además de un sinfín de irregularidades en el proceso.
Sobre Chiapas también se presentó la relatoría de Pascuala López, defensora de derechos humanos, quien denunció que grupos criminales llegaron a su ejido Cuxquital; su hijo se negó a ir con ellos, lo amenazaron y en 2021 lo mataron, además denunció que existe colusión entre los criminales y la Fiscalía de Justicia de esa entidad.
En los casos de Oaxaca, hubo un consenso sobre el cacivazgo que existe en el Istmo Oaxaca que actores políticos ligados a Morena, precisaron en todas las mesas que uno de los agentes principales impulsores de los despojos y la violencia es el senador electo Antonio Morales Toledo, que además controla la franja del Interoceánico desde su municipio San Blas Atempa.
Afirmaron en las asambleas de Puente Madera, por citar sólo un ejemplo, hubo acarreados en asambleas y firmas falsificadas y hasta de personas muertas, pero, a pesar de presentar las pruebas, el proyecto Interoceánico sigue en pie, a pesar de haber sido informados los pueblos de los polos de desarrollo y se ha agravado el conflicto con la militarización de toda la zona.
Los grupos de Guerrero enfatizaron su experiencia en núcleos agrarios y como han hecho frente de defensa contra proyectos extractivos y concesiones mineras, sostuvieron que actualmente en esa entidad existen 22 núcleos agrarios activos que son amenazados por el crimen organizado coludido con el gobierno, por lo que han tenido que implementar guardias comunitarias para resguardar el territorio.
Las organizaciones coincidieron en que en los tres estados los defensores se enfrentan a grupos ligados a la delincuencia, al tráfico de armas y un sistema de impunidad garantizado por el poder político e hicieron un exhorto al gobierno federal.
“En este contexto adverso, organizaciones, movimientos y comunidades continúan luchando para construir condiciones de vida digna, autonomía, justicia, procesos de seguridad, control territorial, pacificación y gobernabilidad desde diferentes enfoques y apuestas políticas”, precisaron.
Dijeron que el objetivo del foro es denunciar la grave crisis de seguridad en el sureste del país y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y del movimiento social, analizar el nuevo escenario político en México y visibilizar las acciones de comunidades en la defensa de sus derechos, convocamos al foro público: Defensa del Territorio y Criminalización de Personas Defensoras y del Movimiento Social. Chiapas-Guerrero-Oaxaca.
El foro estuvo organizado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ( Frayba) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
