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Litigio Estratégico Indígena informó que promovió una demanda de amparo para obligar al Congreso de la Unión por su omisión en expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas.
La asociación civil aseguró que los legisladores federales han incumplido el mandato constitucional vigente.
El 30 de septiembre de 2024, explicó, fue reformado el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que incorporó un catálogo de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta reforma, apuntó, tuvo como base la iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cual fue construida a partir de las peticiones y propuestas formuladas directamente por los pueblos y comunidades indígenas del país.
“Como antecedente central de este proceso, en septiembre de 2021 representantes del pueblo Yaqui, de la comunidad de Vícam, entregaron al titular del Ejecutivo federal una propuesta de iniciativa de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Dicho documento fue resultado de un proceso de deliberación comunitaria y expresó la exigencia histórica de contar con un marco constitucional y legal que garantizara el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos”.
La organización Litigio Estratégico Indígena señaló que la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 estableció de manera expresa que el Congreso de la Unión debía expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas dentro de un plazo de 180 días. Sin embargo, a la fecha, ese ordenamiento no ha sido emitido.
“Ante esta omisión legislativa, interpusimos un juicio de amparo con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación ordene al Congreso cumplir con su obligación constitucional y avanzar en la emisión de la ley reglamentaria correspondiente”.
El objetivo de la demanda de amparo es que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad, y que “las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos se traduzcan en normas efectivas y políticas públicas con impacto real”.
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