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La discriminación, agregó, tiene efectos negativos en la vida de las personas LGBTTTIQ+, ya que los orilla a vivir en una situación de exclusión que trasgrede sus derechos y los hace vulnerables al círculo de la pobreza.
Según el órgano autónomo, entre las garantías más vulneradas de las personas LGBTTIQ+ están el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica, igualdad ante la ley, el acceso a la justicia e integridad personal. Y destacan: la identidad de género que implica el reconocimiento jurídico de su personalidad basada en su orientación sexual o identidad de género.
Mientras que las autoridades más señaladas ante la Defensoría son los municipios, la Dirección del Registro Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), la Fiscalía General del Estado (FGEO) y la Secretaría de Salud.
Además, dijo, es necesario de que las autoridades asuman su obligación de “erradicar los prejuicios, estereotipos, discursos de odio y todo tipo de discriminación” en contra de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trasvestis, Transgénero, Transexuales, Intersexuales o Queer. Y para ello es importante que se garantice la sanción a las acciones de exclusión y discriminación.