Oaxaca de Juárez.– Diana Luz Vázquez Ruiz, activista oaxaqueña que en julio de 2021 comenzó a visibilizar la necesidad de que las madres exigieran sanciones a los hombres que han abandonado a sus hijas e hijos, celebra que a menos de dos años el Senado de la República haya aprobado la ahora denominada Ley Sabina; sin embargo, señala que aún hay vacíos y hace falta mucho por hacer para garantizar la vida digna de las y los menores cuyos padres no cumplen con su responsabilidad económica.
El 22 de marzo pasado, el Senado aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para estipular restricciones y sanciones a deudores alimentarios en todo el país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista que inició este camino través de la exigencia a su expareja del pago de la pensión alimentaria para su hija Sabina, precisa que tras la reforma la normativa estatal deberá ser adecuada, en un lapso de 300 días, tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación
La reforma aprobada indica que los deudores alimentarios no podrán tramitar pasaporte, licencias de conducir o credencial de elector; éste último punto para la activista es erróneo porque violenta el derecho humano a la identidad, por lo que avizora vendrán amparos.
A través de esta reforma se establece la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde aparecerán las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial.
Al respecto, Vázquez Ruiz dice que hacen falta leyes secundarias que regulen dicho registro: “Hace falta saber quién dará aviso a las autoridades sobre quién es deudor, así como en las dependencias. Así que hasta el momento son buenas intenciones, pues falta mucho para completar la reforma”.
Para la activista, aunque las restricciones del Senado son buena noticia, si no se cuenta con un registro nacional que sea manejado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que sea “visible y funcional que se nutra de la información de los estados, la reforma será letra muerta”.
En Oaxaca, por ejemplo, el Congreso durante la Legislatura pasada ordenó la creación del registro estatal de deudores, a cargo del Registro Civil, pero a la fecha éste tiene sólo seis registros. “Nosotras como activistas en dos años contabilizamos al menos mil 200 deudores”.
Mientras que el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios contabiliza al menos 800 mil mujeres que asumen el cuidado de sus hijos de forma totalitaria. La cifra, explica Vázquez Ruiz, se obtiene de datos federales, de apoyos a madres autónomas.
Lo anterior porque en los censos del Inegi no hay coincidencias, pues los deudores no dan la información completa sobre sus hijos.
Agrega que tras el anuncio de las restricciones impuestas por el Senado también hay que reformar los códigos locales antes del lapso de los 300 días. En ese periodo, las activistas llevarán propuestas de reformas, pues consideran que no todos los deudores cuentan con pasaporte o licencia, o necesitan de estos documentos.
“Es una reforma esperanzadora; sin embargo, no resuelve el problema de fondo, tenemos que reformar los vacíos legales y las formas tramposas que tienen los deudores de declararse insolventes”, sostiene.
Para ello, proponen mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que los juzgadores puedan tener acceso a información certera sobre los ingresos de los deudores y que no se les permita un cambio de guarda y custodia: “Son reformas importantes que se tienen que legislar desde los códigos civiles locales, si bien es importante lo federal, hay pasos que se tienen que dar primero”.