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Precisamente en el poblado Estación Sarabia, del municipio de San Juan Guichicovi, la ampliación afectó una parte de la propiedad de la profesora Micaela Valdivieso Joaquín, quien solicitó un amparo en el Juzgado VII en Salina Cruz, para reclamar el pago de derecho de vía.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula IV-5 de Matías Romero, Ángel Armando Bautista Chávez, les informó sobre la existencia de la carpeta de investigación FED/OAX/MR/0001438/2021, por el delito de oposición a un trabajo público.
Apenas el sábado pasado, El Universal difundió una denuncia que formuló el presidente de la Ucizoni, Dagoberto Toribio Severo, quien señaló que, en el marco de la resistencia contra el CIIT y las altas tarifas eléctricas, se ha desatado una campaña de agresiones hacia activistas sociales.
La Ucizoni demandó la inmediata libertad de la profesora Micaela Valdivieso Joaquín y de su hijo Ever Muñoz y exigió a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del CIIT, que dejen de criminalizar las protestas de los pueblos indígenas.
