Juchitán. – Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a la profesora Micaela Valdivieso Joaquín, y a su hijo Ever Muñoz Valdivieso, acusados “por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público”.

Sin embargo, el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, denunció que dichas detenciones forman parte de la escalada de hostigamiento en contra de quienes se oponen al Corredor Interoceánico del Istmo (CIIT).

En la región norte del Istmo, donde los trabajos de modernización del tren transístmico están suspendidos por la resistencia de las comunidades indígenas, también hay un programa de ampliación de la carretera Transístmica (La Ventosa/Acayucan), desde hace 10 años.

Precisamente en el poblado Estación Sarabia, del municipio de San Juan Guichicovi, la ampliación afectó una parte de la propiedad de la profesora Micaela Valdivieso Joaquín, quien solicitó un amparo en el Juzgado VII en Salina Cruz, para reclamar el pago de derecho de vía.

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El síndico municipal de San Blas Atempa confirmó que esa información se les proporcionó a las autoridades comunales y representantes de los posesionarios en un encuentro que sostuvieron a media semana, con funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) y los enviados del CIIT

Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula IV-5 de Matías Romero, Ángel Armando Bautista Chávez, les informó sobre la existencia de la carpeta de investigación FED/OAX/MR/0001438/2021, por el delito de oposición a un trabajo público.

Apenas el sábado pasado, El Universal difundió una denuncia que formuló el presidente de la Ucizoni, Dagoberto Toribio Severo, quien señaló que, en el marco de la resistencia contra el CIIT y las altas tarifas eléctricas, se ha desatado una campaña de agresiones hacia activistas sociales.

La Ucizoni demandó la inmediata libertad de la profesora Micaela Valdivieso Joaquín y de su hijo Ever Muñoz y exigió a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del CIIT, que dejen de criminalizar las protestas de los pueblos indígenas.