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“Buscamos que las personas afectadas por tuberculosis tengan mejores tratamientos, más efectivos, más cortos y menos dolorosos, y que se tengan diagnósticos moleculares, más rápidos, más oportunos y que alcance a todos. Sobre todo aquellas poblaciones que son desatendidas, marginadas, y en las cuales los derechos humanos son abusados, entre ellos, las poblaciones indígenas, las poblaciones privadas de la libertad, y aquellas que usan sustancias psicoactivas”.
Hasta el pasado 21 de julio, el gobierno federal ha eliminado cinco normas oficiales en materia de salud, algunas relacionadas con la atención a animales como perros y gatos. Y anunciaron que el 7 de septiembre se van a revisar las otras.
“Nuestro temor es que se vayan de reunión en reunión para irlas eliminando”, apuntó Alberto Colorado.
Alberto Colorado explicó que en el caso de la tuberculosis, es una enfermedad con más de 32 mil casos en México, según estimaciones de la OMS, y casi 5 mil casos de personas que mueren cada año a causa de esta enfermedad.
“Entonces, si hablamos de que una persona con tuberculosis puede alcanzar a 15 personas, estaríamos hablando que casi medio millón de población de mexicanos al año se están enfermando de la tuberculosis, a parte de los que no tienen la enfermedad, pero tienen la infección por tuberculosis”.
Pero no sólo, agregó que el gobierno federal también quiere desaparecer la norma oficial relacionada con la diabetes y la lepra. La diabetes, dijo, es un grave problema en México que hace que disminuyan las defensas de las personas que la padecen y eso los expone a enfermedades oportunistas como es la tuberculosis; mientras que la lepra es el resultado de una microbacteria de la tuberculosis.
El especialista señaló que esta pretensión del gobierno federal ocurre en un contexto en el que el sistema de salud mexicano está deteriorado por la falta de medicamentos, vacunas y la falta de recursos públicos, que no está cubriendo las necesidades de la población.
Y frente a esto, mencionó, el único argumento que han escuchado del gobierno federal es contra quienes defienden los derechos humanos de los mexicanos, a quienes los han tachado de estar ligados a los laboratorios dedicados a la investigación, producción y venta de medicamentos y vacunas, o de estar ligados a “fuerzas neoliberales”.
“Este es un argumento político que no tiene nada que ver con que nuestra gente no pueda recibir atención médica, con medicamentos apropiados e incluso, ya lo vimos con el hospital, que ni siquiera hay un elevador apropiado para poder subir a una niña o a una persona que está enferma. Ante ese deterioro de la salud, pues, el único argumento que se puede tener es un argumento político, ideológico, y de que bueno, quieren ahorrar dinero”.
Alberto Colorado insistió en se debe actualizar la norma, no desaparecer. Una norma, dijo, que regule, estandarice, qué diga a los médicos lo último que hay en medicamentos, en los tratamientos y en los diagnósticos; que se dirija bien hacia las necesidades de las personas, de las comunidades y que un estudiante de medicina sepa lo que hay que leer y no sólo lo que le digan los libros, sino lo más actualizado y eso debe estar en una norma.
Sin embargo, denunció que el gobierno federal busca sustituir las normas por una guía de medicamentos, pero que hay problemas para la adquisición de esos medicamentos de segundo nivel, y los de nueva generación: “hay barreras administrativas, la propia vacuna BCG – para la enfermedad de la tuberculosis – para los niños es intermitente, su distribución en el país, y eso causa muchas barreras y una meta del fin de la tuberculosis no alcanzable para México”.
El director ejecutivo de la Coalición TB de las Américas reiteró que no están de acuerdo en la sociedad civil con la desaparición de las normas oficiales en materia de salud y que lo que quieren es que el gobierno federal tenga apertura y un diálogo social con las personas que son afectadas por la posible cancelación de esas normas.
