Oaxaca de Juárez.— Un grupo de familias víctimas de despojo y desalojo violento del paraje Lomas de Quío, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, protestaron en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para exigir justicia y la judicialización de 165 denuncias que presentaron el 19 de noviembre de 2019.

Las denuncias, explicaron, se interpusieron por los delitos de homicidio de dos personas, tentativa de homicidio, lesiones, despojo y desalojo violento contra miembros del Comisariado Ejidal de Santa Cruz Xoxocotlán, funcionarios de la Procuraduría Agraria y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hace tres años, alrededor de 200 familias fueron desalojadas de forma violenta por ejidatarios y grupos de choque de los terrenos que ocupaban en Santa Cruz Xoxocotlán, en las cercanías de la zona arqueológica de Monte Albán. Durante el desalojo, dos personas fueron asesinadas, casas y vehículos incendiados.

 

 

Durante varios meses, los afectados estuvieron plantados frente a la Casa Oficial del Gobierno de Oaxaca, hasta que aceptaron vivir temporalmente en un albergue, donde aún continúan.

“El nuevo fiscal no nos ha hecho caso, nos han cerrado las puertas y también vamos a pedir a hablar, si no nos atienden vamos a tomar la Fiscalía”, advirtieron.

Las familias aseguraron que han cumplido con todos los requisitos para que continúen los avances en las investigaciones por las denuncias que interpusieron; pero a tres años, dijeron, el argumento de la Fiscalía de Oaxaca es que no tienen hojas suficientes para continuar con las investigaciones.

 

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La organización Corriente del Pueblo Sol Rojo informó que un comando atacó la casa de Jesús Manuel García Martínez donde fue asesinado, en mismo lugar también resultó herido su dirigente Erick Sanchez Gutiérrez

“Sucesivamente cumplimos con todo lo que nos pidieron: testigos, luego que viniéramos a ratificar y hemos cumplido con todo, hemos venido a hablar con el Fiscal anterior y no hemos visto respuesta a que salgan las órdenes de aprehensión contra los responsables, incluso cuando hubo la mayoría de los compañeros señalaron a personas del INAH, de la PA y del Comisariado y no sabemos qué han investigado y hasta dónde van”.

También acusaron al actual Fiscal, Arturo Peimbert Calvo, de negarse a recibirlos y dar respuesta a sus demandas de justicia.

Mientras que a la Secretaría General de Gobierno del Gobierno de Oaxaca la acusaron de que ha incumplido con su promesa de restituir las tierras de las cuales fueron despojadas y que suman alrededor de 21 hectáreas, en la zona del paraje Lomas de Quío.

 

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Aunque reconoció que hay una problemática por despojos, el fiscal Jorge Emilio Iruegas rechazó que exista un Cártel del Despojo, pues dijo que no hay elementos para llamarlo de esta manera
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