Feminicidios en comunidades indígenas: muertes de mujeres que nadie ve, registra ni atiende

A Maricruz Zaragoza Zamora la  asesinaron menos de cinco días después del Día de la Mujer. Su cuerpo, con heridas en las mejillas y signos de estrangulamiento, fue localizado a  cinco kilómetros de la cabecera municipal de Santa María Guienagati, una población del  Istmo de Tehuantepec, región que organizaciones sociales identifican como la más violenta para las mujeres, pues ahí se comete el  37% de los asesinatos  en este sector  en todo el estado.

El crimen contra Maricruz, madre de tres hijos, despertó la indignación de organismos como  el Centro de Derechos Humanos mixe-zapoteca Binni Guixilayuu, que condenó los hechos: “Maricruz era una mujer indígena que nació y creció en esta comunidad, su padre era un luchador social... su  familia  ha sido violentada en múltiples ocasiones desde 2003”, relató Alejandra Guadalupe López

La activista aseguró que se le exige al Estado  que cumpla con su obligación de garantizar la  seguridad, pues “con el asesinato de una mujer indígena se violentan valores... es asesinar nuestra lengua materna”.

Pese a la gravedad de estos crímenes, en México no existen cifras oficiales sobre los asesinatos de mujeres indígenas, algo que según especialistas consultadas, puede considerarse como racismo institucional.  

De acuerdo con el Inegi, por ejemplo, la cifra de mujeres asesinadas en 2019 que hablaban una lengua indígena fue de 40, pero ese criterio no puede revisarse en otras categorías. 

Otra muestra   de ello es que la mayoría de  los ediles  indígenas no conocen   los niveles de violencia contra las mujeres  que hay en sus municipios, incluso aunque se les haya decretado una Alerta de Violencia Género.  En Oaxaca, por ejemplo, de los 106 municipios que no han creado su instancia municipal de la mujer, la mayoría son indígenas.

Muertes invisibles 

Foto: Roselia Chaca

Uno de los pocos esfuerzos por sistematizar los asesinatos de mujeres indígenas en México es el Diagnóstico Nacional sobre Violencias en contra de las mujeres y niñas indígenas, coordinado por  Sonia M. Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la  UNAM. 

Según este estudio aún inédito, en 15 años, entre 2001 y 2016, mil 399 mujeres fueron asesinadas en las regiones indígenas de Oaxaca. 

Estas cifras señalan que  las  regiones con  alto índice de homicidios de  mujeres son la Mixteca (296), la Costa y Sierra Sur (233); Valles Centrales (259) y el Istmo, con 102 homicidios, según  la  investigación, cuyos datos son 2016. Hoy el Istmo encabeza la lista.  

Ismerai Betanzos, abogada zapoteca explica que los asesinatos de mujeres indígenas se enfrentan a un proceso más profundo de invisibilización, pues   la mayor parte de las entidades  no tienen datos al respecto  porque no levantan la pertenencia étnica. 

Lo anterior, explica en entrevista, desconoce  lo que está previsto en la norma desde 1992, cuando  México es reconocido como una nación pluricultural en el artículo cuarto constitucional, que define que la  nación mexicana  está  sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Esta omisión en datos administrativos, señala,  puede ser considerada como “racismo institucional”, pues al no tener datos desagregados, “no puedes generar una política pública de atención” y muestra de ello son las Alertas de Género que no tienen perspectiva intercultural.

“El desinterés del Estado invisibiliza y no hay una política de atención diferenciada  porque no hay suficientes datos. Muchos feminicidios en comunidades indígenas, por ejemplo,  tienen que ver con la inclusión de las mujeres en la política”, dice. 

Explica que para la política de erradicación  de la violencia contra las mujeres, que  corresponde a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres ( Conavim), tendría que estar estableciendo directrices para la coordinación con los estados y municipios, en cambio,  “sólo se atiende una visión de mujeres violentadas sin considerar la interseccionalidad, que   somos  distintas”. 

Ante ello, asegura que las acciones para  prevenir, atender,  sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres  debería ser diferenciada y tener mecanismos para incidir en las comunidades  en  lenguas indígenas. 

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Lo anterior, detalla, porque por ahora sólo se  llega a un nivel de mujeres que pueden leer y escribir, mientras que los centros de justicia están en las cabeceras municipales o en las ciudades: “Si una mujer indígena llega a un centro de justicia no hay intérpretes traductores, no tienen idea de qué  lengua  hablan. Hay una falla del Estado, no hay atención a víctimas, con personal capacitado”.   

Además, indica que esa atención debe darse  desde la cosmovisión y desde perspectivas interculturales, pues de debe tratar a  las víctimas indígenas  de manera diferenciada. En cambio, señala que hay  casos donde las autoridades no han emitido medidas cautelares y la víctima termina siendo asesinada.  

“Es necesario tener en cuenta las diferencias culturales de las víctimas y evaluarlas desde el punto de vista del principio de la igualdad, a fin de romper con los prejuicios y estereotipos, especialmente, los que afectan a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes”, señala.

Muestra de ellos son los datos de Sonia M. Frías, que indican, por ejemplo, que entre 40% y 50% de los asesinatos de mujeres indígenas ocurrió en su hogar, mientras que de aquellas que sufrieron una agresión sexual, sólo una de cada 10 buscó ayuda, principalmente por razones como miedo y que no hay a dónde acudir. 

Pero también por motivos culturales como “que así es la costumbre”. 

“A las mujeres indígenas nos matan en nuestra casa, y en  Istmo muchas veces queda en el ámbito de lo comunitario”, denuncia. 

Justicia, sólo bajo presión social 

Foto: Cortesía

El sábado pasado, decenas de amigos y familiares de Maricruz marcharon en el Istmo para que su asesinato sea investigado como feminicidio, pues en esta región las muertes violentas de mujeres sólo se indagan como dicho delito cuando existe presión social. 

De acuerdo con Claudia Hernández, por ejemplo, responsable Centro de Atención y Ayuda a la Mujer Istmeña (CAAMI) de Juchitán y que pertenece al Grupo de Mujeres 8 de Marzo, durante 2020 en la región se registraron más de 20 feminicidios pero menos de la mitad se indagó como tal.

Sólo e lo que va del 2021, de 1 de enero al 20 de marzo, la organización Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer) ha documentado el asesinato de 21 mujeres; en promedio, siete muertes violentas de mujeres cada mes.

La mayoría ocurrieron en las regiones del Istmo de Tehuantepec con el 33%, la Costa con 33%, Valles Centrales con el 24%, Cuenca del Papaloapan con el 5% y la Cañada también con el 5%.