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Pese a la ardua lucha que las mujeres víctimas de ataque con ácido llevan desde hace años para impulsar esta ley, su aprobación no favorecerá a las que tienen procesos abiertos, en los que sólo se toma en cuenta la legislación vigente al momento en el que se iniciaron.
Por el mismo motivo, las leyes que surgieron en los últimos años en favor de este tipo de víctimas no son funcionales para las 31 personas que la Fundación Carmen Sánchez contabiliza de 2001 a la fecha.
Desde ese día, la activista ha visibilizado en redes sociales y medios informativos este tipo de violencia. El 25 de abril de 2020, en Oaxaca entró en vigor la reforma al Código Penal del estado, en el que se sanciona hasta con 40 años de prisión a quien cometa un ataque con una sustancia corrosiva contra otra persona.
Casi tres años después, la diputada Marcela Fuerte (Morena) presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la Ley Malena, que castiga hasta con 12 años de prisión los casos de “violencia ácida”.
“De mi parte he tocado puertas, la Fundación Carmen Sánchez ha tocado puertas, así como de manera individual otras mujeres han tocado puertas y no se nos toma en cuenta porque es necesario que las fuerzas políticas acompañen tu causa, a las víctimas solas no se nos toma en cuenta”, reflexiona la saxofonista.
Para María Elena Ríos, es prioritario que se reconozca y legisle en el país este tipo de violencia, pues en la mayoría de los casos un ataque con ácido se considera como agravante del delito de lesiones.
“Es importante hacer énfasis en que el ácido es muy común y que frenar la venta no es suficiente, porque no sólo nos queman con ácido, nos queman con gasolina, con alcohol, nos queman con todas las sustancias químicas que se les ocurren”, detalla Ríos Ortiz.
Sobre la iniciativa llamada Ley Malena, aclara que no fue ella quien la nombró, aunque reconoce que en ese momento “sí lo sentí como un halago, porque ya estoy hasta el tope de que me digan ‘la saxofonista agredida con ácido’ y no Malena, como me llamaban mis amigos, mis conocidos, mis familiares”.
Además, externa que fue criticada por el nombre de la iniciativa: “me dicen que yo ni de la Ciudad de México soy, pero estoy ahí gran parte del tiempo, porque estoy viviendo desplazamiento forzado”.
Sobre la efectividad de la ley, reconoce que hay una intención política, pues proviene de un partido: “desafortunadamente la legislación es a través de partidos. Es inevitable que todo se politice, inclusive las luchas, el dolor ha sido politizado por las propias víctimas”.
María Elena enfrenta las audiencias que corresponden a 11 amparos interpuestos por la defensa del presunto autor intelectual del ataque, Juan Antonio Vera Carrizal.
El 3 de febrero pasado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) dictó como “improcedente” la petición de la defensa de Vera de reclasificar el delito por el que está imputado, de tentativa de feminicidio a lesiones.
