"No más omisión, no más indiferencia oficial": exigen familias de personas desaparecidas en Oaxaca

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y exigieron un alto a la impunidad a la indiferencia institucional y a las desapariciones.

La desaparición de personas, expresaron, no es un hecho aislado, sino "una tragedia cotidiana que atraviesa territorios, clases sociales y generaciones".

"Son miles las familias que han visto arrancada de su vida la presencia de quien amaban, quedando condenadas a la incertidumbre, a la revictimización y a enfrentar la indiferencia de un Estado que, pese a tener obligaciones constitucionales, no ha dado una respuesta eficaz", expresaron entre sus consignas.

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Los colectivo exigieron la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en Oaxaca, con autonomía, presupuesto suficiente, personal capacitado y con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, así como la implementación real y efectiva del Programa Estatal de Búsqueda, es decir, que se traduzca en acciones concretas de prevención, búsqueda inmediata, localización y acompañamiento integral a las familias.

También, exigieron sensibilidad y respeto en todas las acciones institucionales, evitando simulación o frivolización del dolor de las familias; un mecanismo forense especializado especializado y prevención urgente de fosas clandestinas, con protocolos sólidos y protección de las escenas; además de justicia efectiva con cero impunidad, evitando que Oaxaca reproduzca la lógica nacional donde el 99.5 por ciento de los casos permanecen sin resolución.

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"No más indiferencia, no más omisión, no más simulación institucional. Cada persona desaparecidas tiene nombre, rostro, historia y familia que espera".

Los colectivos reiteraron que la desaparición en Oaxaca no es un hecho aislado, sino una grave violación a los derechos humanos que hiere a la sociedad entera, y que bajos los marcos nacionales e internacionales, constituye un crimen de lesa humanidad que el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar.