“Oaxaca es el estado más letal del país para los defensores de Derechos Humanos”

En México en el año 2020 fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos y seis periodistas, de los cuales, cinco fueron en Oaxaca

“Oaxaca es el estado más letal del país para los defensores de Derechos Humanos”
Foto: Copudever
Sociedad 17/06/2021 13:02 Juan Carlos Zavala Actualizada 13:02

Oaxaca de Juárez.— Guillermo Rodríguez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseguró que Oaxaca es el estado del país más letal para los defensores de los derechos humanos, según los datos del informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19”.

Durante el conversatorio “La defensa de DDHH y libre expresión en México” mencionó que en México en el año 2020 fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos y seis periodistas; de los cuales, cinco fueron asesinadas en Oaxaca.

En el estado oaxaqueño destacó que en la pandemia la violencia se recrudeció en los feminicidios, los megaproyectos continuaron, se suspendieron los procesos judiciales que dejaron en mayor vulnerabilidad a las comunidades que defienden sus territorios, se registró una masacre en una comunidad ikoots y se criminalizó el incumplimiento de las medidas restrictivas dictadas por las autoridades sanitarias a causa de la pandemia del Covid-19.

Además, en Oaxaca se tienen registrados al menos cuatro casos de abuso policial o uso excesivo de la fuerza contra personas por el incumplimiento a estas medidas.

“La defensa de los derechos humanos es más vigente que nunca. En la pandemia ha sido indispensable tener ojos que vigilen la toma de decisiones de las autoridades, para asegurar el acompañamiento de los fenómenos que implica una violación a los derechos humanos”, afirmó.

Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, agregó que mil 169 personas se encuentran adheridas al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, de las cuales 509 son mujeres y 386 periodistas.

También advirtió una “cacería de brujas” contra mujeres defensoras de derechos humanos, particularmente contra tres que actualmente están sujetas a procesos judiciales y que busca inhibir la defensa de los derechos humanos; además, en el 2020 fueron asesinadas cuatro defensoras trans y siete defensoras en el país.

De la misma forma denunció detenciones arbitrarias en cuyos casos las víctimas deben enfrentar la lentitud y deficiencias del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en su perjuicio. Destacó, asimismo, que Oaxaca encabeza la lista de los estados más peligrosos para la defensa de los derechos humanos; lista en la que también se encuentran entidades como la Ciudad de México, Jalisco y Sonora, donde el elemento común es la defensa del territorio.

Para la activista del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la pandemia del Covid-19 ahondó las desigualdades en las que se desarrolla la defensa de los derechos humanos, porque no hubo acceso a la salud física ni psicológica y se profundizó la desigualdad social. 

Mencionó, además, que durante 2019 se registraron 393 ataques contra personas y colectivos defensores de derechos humanos.

La periodista Soledad Jarquín refirió durante el conservatorio el caso de su hija asesinada en Juchitán de Zaragoza, María del Sol Cruz Jarquín, para ejemplificar que la pandemia se convirtió en un obstáculo para la persecución de la justicia.

Neftalí Reyes, de Servicios para una Educación Alternativa, expresó que continúan exigiendo justicia para las cinco personas opositoras a la presa Paso de la Reyna, asesinadas hace cinco meses y cuya investigación de los crímenes está estancada, y las garantías de las medidas de seguridad para la comunidad.

“Estamos frente a un Estado omiso”, dijo y aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presenta un “grave retroceso” al desmantelar la defensoría especializada en defensores de derechos humanos.

Para él, la pandemia colocó en mayor vulnerabilidad a las comunidades que defienden sus territorios; pero no así para continuar con el impulso a los megaproyectos. 

Por ejemplo, mencionó que mientras las comunidades se les impidió realizar asambleas para las tomas de decisiones, sí hubo una actuación expedita de las instituciones para autorizar permisos a las compañías mineras y continuar con los procesos de consulta para obtener los permisos de las comunidades en el desarrollo del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca.

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