"Oaxaca reprobó en implementar la Alerta de Violencia de Género"; piden transparentar recursos y resultados

Oaxaca de Juárez.– ”El gobierno de Oaxaca reprobó en la implementación de la Alerta de Género”, sostiene la representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, sobre el mecanismo ratificado por la Secretaría de Gobernación (Segob), el 31 de agosto de 2018, para 40 municipios del estado. 

Sánchez Maya apunta que este sexenio la violencia de género está en una situación crítica, ya que la inacción de las autoridades ha costado la vida de 649 mujeres.

En días pasados, Consorcio presentó su informe “Tres años de simulación, falta de transparencia y descoordinación institucional. Balance de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca” ante dependencias involucradas en la impartición de justicia y en políticas públicas a favor de las mujeres.

 

 

El 5 de abril, tras la presentación de este informe, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) informó que durante la Primera Sesión del Comité de Prevención del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres (PASEVGM) las abogadas de Consorcio hicieron observaciones al reporte de cumplimiento  que la administración estatal dio a conocer a la Federación en 2020. 

Sin embargo, no precisó cuáles fueron las indicaciones, ni detalló la revisión de avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Las observaciones, contenidas en el Capítulo 8 del último informe de Consorcio, refieren que el gobierno federal debe transparentar los  presupuestos específicos para las entidades y sus municipios con AVGM.

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Además, aumentar el presupuesto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el rubro “Acciones de Coadyuvancia para las declaratorias de AVGM contra mujeres en estados y municipios”.

Solicita a la Secretaría de Hacienda emitir resoluciones que aborden de manera integral la política pública de género y sus presupuestos, así como garantizar la aplicación de indicadores de proceso como medidores de resultados específicos.

Éstos, indica Consorcio, deberían aprobarse para Oaxaca, en donde deben evaluarse de manera cualitativa y cuantitativa los resultados de la AVGM, entre otros relativos a la medición de los resultados.

Recomienda al gobierno estatal publicar y difundir el tercer informe de la DAVGM y sus anexos, elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, desglosado por región y municipio, y divulgar los resultados en cada una de las dependencias del PASEVGM.

A partir del diagnóstico, le pide presentar un plan de trabajo con las dependencias involucradas para generar datos medibles y cuantificables.  

Así como publicar un plan de trabajo para la implementación de la alerta y el desglose del uso de recursos para ello; en conjunto con los órdenes municipales, establecer mecanismos de coordinación y elaborar y difundir programas municipales.

Las medidas, sentencia Consorcio, deberán darse a conocer en una página web con información abierta y detallada. Además, insta a la creación de un observatorio ciudadano que participe en el PASEVGM.

Pide a la Secretaría de Finanzas un plan anual que incluya las acciones a implementar, procesos y resultados y hace observaciones al Congreso, municipios con alerta, corporaciones policiacas y dependencias, relativas a la planeación, transparencia de recursos y capacitación del personal.

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Sobre el tema, Yésica Sánchez abunda que desde la declaratoria no se han transparentado los recursos recibidos, ni los resultados. Consorcio solicitó a Hacienda el desglose de los recursos asignados, pero la petición no ha sido resuelta.

“Ya quedan seis meses de sexenio, por supuesto que no van a resolver nada, pero sí tienen que rendir cuentas”, dice. 

Las dependencias, señala la activista, han incurrido en una constante simulación: “En este sexenio, el tema de la agenda de los derechos de las mujeres pasó a tercer orden y se palió el asunto de la atención a la violencia, el feminicidio y la desaparición de las mujeres”.

A ello se añade la opacidad de instituciones, como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en la que el exfiscal Rubén Vasconcelos dejó casos de  feminicidios sin atender. 

“Enderezar la basura de trabajo que hizo Rubén Vasconcelos es grave. Había negativa en tipificar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, no se tiene claridad cuántas sentencias o acuerdos reparatorios con las familias hubo.

“Fue un fiscal que por cinco años hizo todo, menos procurar a favor de los derechos de las mujeres”, asevera.

Aun con Arturo Peimbert al frente de la FGEO, Sánchez Maya lamenta que la administración “solape” a funcionarios que no trabajan para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las revictimizan.

 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 184 feminicidios desde 2017 hasta febrero de este año.  

Mientras que 465 homicidios dolosos de mujeres se han registrado durante la gestión actual y hasta febrero pasado, es decir, 649 mujeres que, aun cuando ya no volverán a casa, siguen en espera de la justicia.