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Esto lo dio a conocer el pasado 6 de noviembre la legisladora local María Luisa Matus, quien afirmó ante el pleno que, según un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género, la mujer se encuentra privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales de Oaxaca, por lo que exigió que se indagara el caso y que se le conmutara la sentencia.
Lo anterior porque para organizaciones sociales, como el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el derecho a decidir no sólo se refiera a tener acceso a la interrupción del embarazo, sino también a la posibilidad de las mujeres de ejercer una maternidad deseada y que sus decisiones sean respetadas sin discriminación.
“Todas las personas tienen derecho a elegir si quieren tener hijos, cuándo y con quién. Para ello, el Estado mexicano está obligado a brindar tanto acceso a servicios de salud reproductiva de calidad como una variedad de métodos anticonceptivos y la información pertinente para que cada persona pueda elegir el más conveniente, según sus necesidades y proyecto de vida”, explica GIRE.
De acuerdo con la Dirección General de Reinserción Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), la última mujer presa por el delito de aborto en Oaxaca actualmente tiene 38 años y está en prisión desde el año 2018, luego de que fue puesta a disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Sin embargo, el caso de esta mujer es distinto y por ello no se vio beneficiada por la Ley de Amnistía, esto dado que está en prisión por la comisión de varios delitos, entre éstos el aborto inducido a otra mujer: su hija menor de edad.
La información a la que tuvo acceso este medio detalla que se trata de una mujer que obligaba a su hija menor de edad a prostituirse y cuando ésta, tras diversos encuentros sexuales, resultó embarazada, la madre la obligó a abortar.
Esto dado que la reforma al artículo 313 del Código Penal oaxaqueño que se aprobó en 2019 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada.
Explica que, después de las 12 semanas, el aborto consentido puede considerarse para una sentencia de uno a cinco años de prisión. En cualquier momento del embarazo y sin consentimiento de la mujer o persona gestante, mientras que el aborto forzado puede ser causa de una sentencia de tres a ocho años de prisión (aumenta de seis a 10 años de prisión si hubo violencia física o moral).
Ya desde mayo de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó a investigar este caso, pues suponía que se trataba de una mujer que fue aprehendida por abortar; no obstante, hasta el momento el organismo no ha informado su resolución.
La fiscalía oaxaqueña explica, por ejemplo, que estas carpetas se inician ante casos de violencia familiar que han derivado en abortos, cuando se han encontrado fetos abandonados o en casos como el de la mujer en prisión, quien obligó a su hija a practicarse una aborto para poder seguir explotándola sexualmente.
Esta instancia de procuración de justicia profundiza que en otros casos, cuando por ejemplo familiares denuncian a mujeres por abortar, debido a la legislación vigente se determina el no ejercicio de la acción penal y por tanto no se continúa la investigación, por lo que las cifras actuales se refieren en su mayoría a abortos inducidos o forzados.
Al respecto, las cifras muestran que este delito se ha disparado en la entidad, pues del total de las 39 carpetas iniciadas desde la despenalización a la fecha, los primeros nueve meses de este 2023 concentran el 41%. En otras palabras, más de cuatro de cada 10 casos se han registrado este año.
Sólo hasta octubre de 2023, por ejemplo, Oaxaca suma 16 carpetas de investigación por el delito de aborto: dos corresponden al mes de enero, tres a febrero, dos a marzo; abril, mayo, junio y julio, un caso por mes; agosto, tres, septiembre uno y octubre uno.
En comparación, en 2020 sólo se iniciaron nueve, en 2021 sumaron ocho y en 2022 únicamente comenzó una, mientras que este año ya se acumulan 16 y aún faltan dos meses por reportarse.
