Obligar a abortar: mujeres de Oaxaca siguen sin poder decidir sobre su cuerpo y maternidad
Aunque con la despenalización ya no se castiga a mujeres que interrumpen su embarazo, este 2023 el delito muestra un aumento alarmante con 16 carpetas de investigación, que en su mayoría se refiera a terceros que inducen a una mujer a abortar
Oaxaca de Juárez.- A más de tres años desde que se despenalizó el aborto en Oaxaca y se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, en la entidad no existe un acceso real no sólo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sino que tampoco hay garantías para aquellas mujeres que deciden ser madres, pues decenas de ellas han sido obligadas a no tener a sus hijos, de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por aborto, en las cuales sólo se ejerce acción penal por ese delito cuando se trata de una interrupción obligada y que este 2023 muestra un incremento alarmante.
A partir del 25 septiembre del 2019, –fecha en la que Oaxaca vivió un hecho histórico y se convirtió en el segundo estado del país que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, después de la Ciudad de México–, las instituciones de salud pública de la entidad adquirieron la obligación de ofrecer el servicio de forma gratuita.
Hasta entonces, datos oficiales indican que en Oaxaca existían 60 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, mientras que, de acuerdo con el Congreso local, cuando el Código Penal se modificó para permitir la ILE, había 20 personas presas por cometer dicho delito; no obstante, las mujeres que fueron encarceladas por decidir no continuar un embarazo fueron liberadas luego de que en noviembre de 2021 se aprobó la Ley de Amnistía.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que en la entidad actualmente ya no existe ninguna mujer presa por decidir interrumpir un embarazo y que desde su despenalización no se ha ejercido acción penal contra ninguna de ellas.
No obstante, tras la liberación de todas las mujeres presas por abortar, una quedó recluida en una prisión de Oaxaca por el delito de aborto.
Esto lo dio a conocer el pasado 6 de noviembre la legisladora local María Luisa Matus, quien afirmó ante el pleno que, según un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género, la mujer se encuentra privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales de Oaxaca, por lo que exigió que se indagara el caso y que se le conmutara la sentencia.
El anunció encendió las alertas; sin embargo, el caso mostró que el otro rostro del derecho a decidir sobre la maternidad también se violenta y tampoco está garantizado, el de ejercer una maternidad deseada.
Lo anterior porque para organizaciones sociales, como el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el derecho a decidir no sólo se refiera a tener acceso a la interrupción del embarazo, sino también a la posibilidad de las mujeres de ejercer una maternidad deseada y que sus decisiones sean respetadas sin discriminación.
“Todas las personas tienen derecho a elegir si quieren tener hijos, cuándo y con quién. Para ello, el Estado mexicano está obligado a brindar tanto acceso a servicios de salud reproductiva de calidad como una variedad de métodos anticonceptivos y la información pertinente para que cada persona pueda elegir el más conveniente, según sus necesidades y proyecto de vida”, explica GIRE.
Mientras que Consorcio señala que el acceso a la interrupción legal del embarazo es un derecho fundamental en muchos países y en Oaxaca está diseñado para “respaldar la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar sobre su salud reproductiva”. Sin embargo, advierte que en la práctica ”persisten una serie de obstáculos y dilaciones que hacen que este derecho sea inaccesible. Lamentablemente, en Oaxaca nos enfrentamos a una serie de desafíos que ponen en peligro este derecho esencial”, explican sus integrantes en entrevista.
Aborto forzado
De acuerdo con la Dirección General de Reinserción Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), la última mujer presa por el delito de aborto en Oaxaca actualmente tiene 38 años y está en prisión desde el año 2018, luego de que fue puesta a disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Sin embargo, el caso de esta mujer es distinto y por ello no se vio beneficiada por la Ley de Amnistía, esto dado que está en prisión por la comisión de varios delitos, entre éstos el aborto inducido a otra mujer: su hija menor de edad.
La información a la que tuvo acceso este medio detalla que se trata de una mujer que obligaba a su hija menor de edad a prostituirse y cuando ésta, tras diversos encuentros sexuales, resultó embarazada, la madre la obligó a abortar.
Hasta el momento se desconoce cómo llegó el caso al conocimiento de las autoridades; no obstante, la mujer, que tiene cinco años en prisión, ya fue sentenciada por el delito de aborto y por el de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual infantil.
Esto dado que la reforma al artículo 313 del Código Penal oaxaqueño que se aprobó en 2019 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada.
Explica que, después de las 12 semanas, el aborto consentido puede considerarse para una sentencia de uno a cinco años de prisión. En cualquier momento del embarazo y sin consentimiento de la mujer o persona gestante, mientras que el aborto forzado puede ser causa de una sentencia de tres a ocho años de prisión (aumenta de seis a 10 años de prisión si hubo violencia física o moral).
Ya desde mayo de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó a investigar este caso, pues suponía que se trataba de una mujer que fue aprehendida por abortar; no obstante, hasta el momento el organismo no ha informado su resolución.
Impedir la maternidad
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre octubre de 2019 y octubre de 2023 en Oaxaca se han iniciado 39 carpetas de investigación por el delito de aborto, pero dado que las mujeres desde septiembre de 2019 tienen derecho a interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, las personas a quienes se les imputa este delito son terceros que de forma directa o indirecta inducen u obligan a una mujer a abortar.
La fiscalía oaxaqueña explica, por ejemplo, que estas carpetas se inician ante casos de violencia familiar que han derivado en abortos, cuando se han encontrado fetos abandonados o en casos como el de la mujer en prisión, quien obligó a su hija a practicarse una aborto para poder seguir explotándola sexualmente.
Esta instancia de procuración de justicia profundiza que en otros casos, cuando por ejemplo familiares denuncian a mujeres por abortar, debido a la legislación vigente se determina el no ejercicio de la acción penal y por tanto no se continúa la investigación, por lo que las cifras actuales se refieren en su mayoría a abortos inducidos o forzados.
Al respecto, las cifras muestran que este delito se ha disparado en la entidad, pues del total de las 39 carpetas iniciadas desde la despenalización a la fecha, los primeros nueve meses de este 2023 concentran el 41%. En otras palabras, más de cuatro de cada 10 casos se han registrado este año.
Sólo hasta octubre de 2023, por ejemplo, Oaxaca suma 16 carpetas de investigación por el delito de aborto: dos corresponden al mes de enero, tres a febrero, dos a marzo; abril, mayo, junio y julio, un caso por mes; agosto, tres, septiembre uno y octubre uno.
En comparación, en 2020 sólo se iniciaron nueve, en 2021 sumaron ocho y en 2022 únicamente comenzó una, mientras que este año ya se acumulan 16 y aún faltan dos meses por reportarse.
