Ordena CNDH reparación del daño a recluso de penal federal en Miahuatlán, Oaxaca; fue torturado

De acuerdo con el organismo, cuatro custodios lo golpearon el 10 de noviembre de 2017, y a causa de los golpes presentaba padecimientos lumbares y de otras partes del cuerpo, así como malestares psicológicos, de lo cual fue diagnosticado y recetado, teniendo diversos problemas para acceder a los medicamentos.

La víctima relató en su denuncia que ese día participó en una riña dentro del Cefereso, sin que esta pasara a mayores; sin embargo, tres personas servidoras públicas lo habían empujado al subirlo a una camioneta, haciéndolo caer al piso, momento en que lo sujetaron de las piernas, mientras que uno de ellos lo golpeaba en cabeza arriba de la oreja derecha, en las costillas del lado derecho y lo amenazó con palabras altisonantes, recibiendo patadas y puñetazos de los dos restantes.

Al llegar al área de Servicios Médicos, lo continuaron golpeando e hincaron. Al lugar se presentó otro encargado de la vigilancia, quien lo golpeó con las manos abiertas en los oídos reventándoselos, por lo que manifestó su deseo de presentar denuncia.

Además, la CNDH encontró que las seis personas servidoras públicas que participaron en los hechos vulneraron los derechos humanos de la víctima, específicamente a la integridad y seguridad personal, en virtud de que los cuatro encargados de la vigilancia le infligieron diversas lesiones y uno de ellos rindió informes falsos a esta Comisión Nacional, pretendiendo ocultar las agresiones practicadas por él y por el personal bajo su mando, sin que realizará una búsqueda exhaustiva de los hechos para rendir un informe con toda la veracidad a que su encargo le obligaba.

Mientras que una quinta persona involucrada, quien realizó la revisión médica, omitió emitir la denuncia respectiva por las lesiones que observó y de las que, según refiere la víctima, fue testigo. De igual manera, se violaron los derechos humanos de la víctima a la seguridad jurídica, a la legalidad y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, ya que la persona encargada de investigar los hechos no realizó su trabajo con la debida diligencia.

El organismo también solicitó abrir una carpeta de investigación contra los funcionarios que participaron en estos por la probable comisión del delito de tortura.