Organizaciones civiles alertan sobre penas de cárcel excesivas contra personas defensoras
La criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva e imposición de penas excesivas por cargos fabricados contra personas pertenecientes a pueblos indígenas, señalaron, se ha vuelto una tendencia alarmante
Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca y del país informaron que es preocupante el contexto de criminalización contra líderes indígenas que defienden derechos humanos en México, y quienes enfrentan prisión preventiva e incluso penas de cárcel excesivas de hasta 50 años.
En un pronunciamiento, mencionaron el caso del defensor David Hernández Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y representante de la comunidad indígena de Puente Madera en Oaxaca, quien fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión por los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas. Su sentencia, sin embargo, ya fue revocada.
No obstante, señalaron también los casos de Kenia Hernández Montalván y de Tomás Martínez Mandujano en el Estado de México, así como el caso de Saúl Rosales Meléndez en el estado de Tlaxcala, y los casos de Versaín Velasco García y los defensores maya-tseltales de San Juan Cancuc, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez en Chiapas.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el contexto de criminalización contra líderes y lideresas indígenas que defienden derechos humanos en México. Enfrentan detención arbitraria, prisión preventiva prolongada, así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas, afectando así su labor de defensa de derechos humanos e impactando en su vida personal, familiar y comunitaria”.
La criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México, señalaron, se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano.
Agregaron que este patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría indígenas, ha sido reconocido a nivel internacional.
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“Estas violaciones de derechos humanos han tenido como objetivo la desmovilización de las luchas por los derechos colectivos de las comunidades indígenas, impactando no solo en la vida individual y familiar de las y los defensores criminalizados, pero en el goce de los derechos colectivos como comunidades indígenas”.
Las organizaciones firmantes instaron a las autoridades en México a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como con los estándares referentes a los pueblos indígenas, con el fin de evitar el uso indebido del derecho penal para restringir la labor de quienes defienden los derechos de sus comunidades y pueblos.
Así como aplicar el enfoque diferenciado intercultural pertinente en estos casos, y exigieron que deben ser anulados los cargos contra las y los líderes indígenas defensores de derechos humanos David Hernández Salazar, Pablo López Alavez, Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez.
Las organizaciones firmanentes son la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), Front Line Defenders, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan.
