Al mismo tiempo, el organismo defensor pidió a las autoridades y habitantes de La Mixtequita que respeten los derechos humanos y la libertad de los profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y personal de Salud retenidos desde el sábado pasado.
“Este conflicto, así como de muchos otros relativos a participaciones presupuestales municipales --que incluso han provocado desplazamientos forzados como los casos de Tierra Blanca, Juxtlahuaca y Río Santiago, Santiago Textitlán-- plantean la imperiosa necesidad de garantizar de manera justa y definitiva la repartición adecuada de recursos presupuestales y de imponer sanciones a quienes no cumplan con sus deberes constitucionales y legales”, señaló.
Ante la recurrencia de inconformidades en agencias municipales derivadas de asignación irregular, e incluso nula de recursos económicos, subrayó, “es indispensable” establecer un marco normativo que permita la asignación de manera equitativa, periódica y justa.
“Lo anterior implica una armonización profunda en el andamiaje normativo, institucional y procedimental que regula la relación financiera entre los municipios y sus agencias, contando con reglas y procedimientos claros.
Luego de tener conocimiento de la retención del personal educativo perteneciente al Conalep, inició el expediente DDHPO/0769/(14)/OAX/2022, mediante el cual dictó medidas cautelares tendientes a garantizar la integridad física y mental de las personas retenidas.
Por más justa que pueda ser una demanda, dijo, ésta no puede justificar la violación de un derecho humano, más aún cuando se trata de la libertad, salud y vida de otras personas.
“La libertad es un derecho irrenunciable no negociable, que debe ser respetado por las autoridades municipales y las asambleas comunitarias y no utilizado como moneda de cambio”, concluyó la Defensoría.
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